Cerco a la «administración paralela»: el TSJA admite a trámite otro recurso

Sevilla- El decreto ley de ordenación del sector público empresarial aprobado el 27 de julio por el Gobierno andaluz tendrá un largo recorrido en los tribunales. De momento, el TSJA ya ha admitido a trámite los recursos presentados por CSIF-A –el 6 de agosto– y el Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) –el día 9– en el que ambas centrales utilizan la vía especial de protección de los derechos fundamentales y exigen, además, la suspensión cautelar del mismo.

En su escrito dirigido al Alto Tribunal Andaluz, Safja expone que la determinación de la Administración andaluza «produce indefensión a todos los afectados y un daño irreparable a todos los servidores públicos».

A juicio de esta central sindical, la Junta ha vulnerado varias normas básicas del ordenamiento jurídico español: además de la Constitución, también ha obviado el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; el Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y la Ley General de Hacienda Pública de la Junta.

Pero el recurso no se queda ahí: también denuncia que se incumplen varios artículos del Estatuto de Autonomía contenidos en el título primero sobre derechos sociales, deberes y políticas públicas. Entre ellos, el artículo 26 b), que garantiza «el acceso al empleo público en condiciones de igualdad y según los principios constitucionales de mérito y capacidad».

Ésta ha sido una de las principales críticas que se le ha hecho a este decreto ley, que en la práctica equipara a los funcionarios de la Junta de Andalucía –que han obtenido su plaza a través de unas oposiciones– con el personal laboral que trabaja en las empresas públicas y fundaciones y que ha sido contratado a dedo. De hecho, Safja ya denunció que se trata de una «Administración paralela» y que la intención de la Junta era consolidar a este personal ante la posible pérdida de las elecciones autonómicas.

La intención del Gobierno andaluz es crear varias macroagencias empresariales donde el personal funcionario, laboral de la Junta y laboral de las empresas públicas compartirán funciones. No sólo eso: también tendrán el mismo convenio colectivo, que será negociado a la finalización de los vigentes.

El sindicato de funcionarios ahonda en que con esta determinación se debilita la propia Administración andaluza en beneficio de la «paralela». En este sentido, sitúa como ejemplo que la Junta sigue externalizando funciones propias de los empleados públicos a través de las encomiendas de gestión, pese a que varios autos judiciales las han declarado improcedentes.

A la espera del Defensor
La vía judicial no es la única que han elegido los distintos representantes sindicales. Safja ha solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz que inste al Defensor del Pueblo del Estado a que interponga un recurso de inconstitucionalidad «por invasión de competencias de carácter básico en materia de función pública». El sindicato de funcionarios también ha denunciado que la decisión del Gobierno andaluz se ha tomado «sin ninguna negociación previa con las organizaciones sindicales». Asimismo, considera que el decreto ley también lesiona los derechos de la ciudadanía andaluza, que verá restringidas sus opciones de optar a un puesto de trabajo en la función pública.