La Generalitat congela dos meses los pagos a las residencias de ancianos

Barcelona- La conselleria de Bienestar Social y Familia anunció ayer a las residencias de ancianos y centros de discapacitados concertados y colaboradores que dejará de pagar su aportación mensual correspondiente a septiembre y octubre. La consejería que encabeza Josep Lluís Cleries alude a problemas en la tesorería del Govern e insta a los centros a solucionar los pagos de estos meses con sus fondos propios.

El plan de choque elaborado por el departamento de Economía y Finanzas que supone no pagar de forma normal hasta noviembre, «mes que la Generalitat espera haber solucionado los problemas», ha llevado a Bienestar y Familia a suspender el pago a estas residencias y centros de día. Concretamente, las residencias concertadas dejarán de cobrar todo el copago que recibían por plaza correspondiente a estos dos meses, que se ingresa a finales de cada mes. Y, las residencias colaboradoras recibirán el 65 por ciento de la factura cada uno de estos dos meses.

La conselleria, que asegura que «está haciendo todo lo posible para que la suspensión de los pagos sea menor a dos meses», subrayó «que ante la falta de liquidez, el departamento ha querido priorizar las prestaciones y ayudas a las personas».

Ante la congelación de los pagos, la Mesa del Tercer Sector, formada por 30 federaciones que representan a unas 4.000 entidades sociales, calificó la medida de «impresentable». «Es intolerable que la Generalitat nos traslade sus problemas de tesorería», criticó la presidenta de la Mesa, Àngels Guiteras. «Esta medida pone en quiebra a muchas entidades y hace peligrar el tejido asociativo catalán», consideran las entidades que pidieron al conseller una negociación urgente para buscar una solución consensuada a esta situación.

Aunque la mayoría de las entidades afectadas, que suman unas 58.000 plazas, ya fueron informadas el lunes por Cleries, que les garantizó que recuperarán el dinero antes de finales de año, ayer a última hora de la tarde se convocó una reunión de urgencia con 25 federaciones sociales para «calmar los nervios». Y es que los trabajadores de las entidades afectadas podrían ahora tener problemas para cobrar las nóminas. «El aplazamiento de los pagos se ha hecho sin previo aviso dejando a la mayoría de entidades sin margen de maniobra», consideró Guiteras.

El comité catalán de representantes de minusválidos (Cocarmi) definió la situación como «un ataque a la línea de flotación de la supervivencia de las entidades, que tendrá como consecuencia el cierre de muchas de ellas y la desatención de un gran número de personas afectadas».