Orden en los centros para extranjeros

La reforma de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) anunciada por el Gobierno y confirmada ayer incluye, entre otras novedades, una mayor transparencia en la gestión de estas instalaciones. El Ministerio de Interior quiere homogeneizar los criterios de gestión para este tipo de centros, y, de paso, acabar con el hermetismo por el que han sido criticados, especialmente tras varias polémicas relacionadas con presuntos episodios de malos tratos, autolesiones y prohibiciones de visitas a cargos públicos, como el Síndic de Greuges –equivalente al Defensor del Pueblo–. La Prensa pudo entrar ayer, por primera vez, al CIE de Barcelona. Un imponente muro rodea a este centro, situado en la Zona Franca, territorio de polígonos industriales, lejos de la ciudad. La entrada está custodiada por tres furgones policiales y los controles son máximos. La sensación al entrar es la de una falsa prisión. No lo es, porque en este centro no se cumplen condenas, y no se habla de celdas, sino de habitaciones. Y lo son, con aspecto impoluto durante la visita de la Prensa. Todo ordenado y limpio. Este centro tiene capacidad para unos 240 internos, y ahora hay 129.

En cada habitación hay entre cuatro y seis internos. Son espacios más o menos amplios, con ventanas, con dos o tres literas, pero sin lavabo. Las restricciones presupuestarias son un fuerte obstáculo para incorporarlos a los habitaciones, reconocen cargos de Interior. No obstante, el ambiente dista del de una cárcel. La atmósfera no es opresiva y no se respira tensión.

Las habitaciones están vacías, y en algunas de ellas hay libros en árabe sobre las camas. Lógico. Todos los internos están en el patio y el 90 por ciento de ellos son árabes. Bajo la atenta mirada de los vigilantes, bromean, juegan y saludan a las cámaras. Bastantes fuman. «Les está permitido», dice el comisario jefe de la Brigada de Extranjería, Ramón Aguacil.

Se acerca la hora de comer y se permite la entrada a la cocina, que tiene varios trabajadores. El menú del día son lentejas estofadas y calamares a la romana. «Tiene que estar bueno, porque es lo mismo que como yo», cuenta el cocinero. ¿Se adapta el menú a la religión musulmana o a cualquier otra? «Sí».

La constante presencia de policías y la estética de la sala nos recuerdan, en un primero momento, a una prisión, aunque en la práctica no es tal. El único punto en común es la privación de libertad durante un máximo de 60 días. En el momento de la visita, la sala de juegos está vacía, y se ven tableros de damas y de ajedrez. Los internos siguen en el patio. Finaliza la visita y comienza la rueda de prensa, en la biblioteca. En las estanterías se observan «best-sellers» y libros de ciencia ficción.

Ante una gran expectación mediática, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aprovechó la ocasión para señalar que a partir de ahora los CIE se llamarán Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CESE). Pero el punto más importante es que el Gobierno priorizará la expulsión de los inmigrantes que cuenten con antecedentes penales, mientras que habrá un poco más de permisividad con los extranjeros que demuestren arraigo en España, figura que básicamente consiste en tener trabajo e hijos nacidos en nuestro país.

Ulloa explicó que se cumplirá siempre la vigente Ley de Extranjería, pero que la prioridad serán las expulsiones cualificadas. Son las deportaciones de inmigrantes indocumentados que tengan pendiente una condena de cárcel menor de seis años. Se les conmuta la pena a cambio de la expulsión a su país. Por ejemplo, aseguró que en el CIE de Barcelona ha habido en el primer trimestre 394 ingresos, con 193 expulsiones cualificadas y 222 ordinarias – inmigrantes sin papeles, pero sin antecedentes–.

El Gobierno intentará ser permisivo con los extranjeros que demuestren arraigo social, pero Ulloa recordó que si un inmigrante sin papeles tiene diez antecedentes, sean hurtos, agresiones o un delito por violencia de género, pesará más este hecho que el tener un hijo. «No nos movemos por sentimentalismos», dijo.

Actualmente, el 80 por ciento de los internos de los CIE de España tienen antecedentes policiales o judiciales. Pueden pasar en estos centros hasta dos meses como máximo, aunque la estancia media es de 25 días.

Interior también quiere regular el funcionamiento interno de los CIE. De hecho prepara un reglamento, que está pendiente desde 2010. Aparte de la citada transparencia, el Ministerio buscar una mayor implicación de las ONG en estos centros, por lo que se permitirá su entrada –llevan tiempo pidiéndolo– participarán en el trabajo asistencial y de ocio en los de estos centros.

Centros polémicos
La muerte de un interno, procedente de Guinea–Conakry, en el centro de internamiento para extranjeros de Barcelona abrió la caja de los truenos. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloan, recordó ayer que la muerte fue por un ictus y , por lo tanto, «inevitable». Además, negó que se produzcan malos tratos en los CIE. «De todos modos, cualquier interno puede denunciar por la vía judicial», recordó.