El exconcejal de IU prejubilado en Egmasa niega las irregularidades

Sevilla- El exconcejal de IU en el Ayuntamiento onubense de Almonte, Antonio Márquez García, que figuraría como prejubilado irregular en la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa), defendió ayer, en declaraciones a LA RAZÓN, que no ha incurrido en ninguna ilegalidad y que mañana aclarará públicamente los pormenores de su vida laboral.
El nombre de Márquez García lo adelantó la cadena SER y sería uno de los 33 nuevos «intrusos» detectados por el Gobierno andaluz en su investigación interna. La cifra alcanza los 70 y aún quedan más de 4.500 casos por analizar de los expedientes «vivos» en este momento. La Junta ha trasladado la documentación al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Márquez García aseguró ayer a este periódico que tras un litigio laboral con Egmasa, que acabó en despido, fue incluido en el expediente de regulación de empleo de esta empresa dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. La tramitación del ERE de Egmasa se inició en 2002 y finalizó en febrero del año 2004. Afectó a más de 370 trabajadores del Plan Andaluz contra Incendios (Infoca) mayores de 55 años, entre los que se encontraba el exconcejal de IU. El objetivo de la operación era rejuvenecer la plantilla.
Antonio Márquez García aseguró, en conversación telefónica con este diario, que tiene 61 años. Sin embargo, en febrero de 2004 no habría alcanzado los 55 años requeridos. Lo que sí constató es que recibe mensualmente una prejubilación, aunque no quiso determinar la cuantía. Fue representante sindical de CC OO.
Su etapa como concejal en el Ayuntamiento onubense se extiende entre los años 2003 y 2007, aunque aclaró que no tenía una dedicación exclusiva en el Consistorio. «No tenía ningún sueldo. Iba a los plenos, cuando podía».
Egmasa figuraba en el listado de 36 empresas que desde un primer momento estaban en el punto de mira judicial, junto a otras como Delphi, Hitemasa, SOS Cuétara o Astilleros de Huelva.

Fin al «choriceo indecente»
El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, insistió ayer en la «necesidad» de una comisión de investigación en el Parlamento, así como que se exija responsabilidad política y penal ante el «choriceo indecente». Así lo exigió Valderas, al tiempo que hizo hincapié en que «debe caer todo el rigor de la democracia desde una comisión de investigación y en la Justicia con todos los procesos penales».