El veredicto de Camps costará 419176 euros

VALENCIA- Ayer no hubo sesión por el juicio del «caso de los trajes». El magistrado presidente Juan Climent tuvo que asistir al pleno de la sala para resolver recursos de casación civil porque aunque se esté juzgando al ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana debe intentar mantener su ritmo. Hoy se celebrará la sesión número 24 y todo apunta a que no habrá veredicto hasta el día 27, aunque pueden producirse nuevas suspensiones o retrasos inesperados.

En cualquier caso, si el viernes 27 de enero hubiese ya un veredicto para los acusados por delito impropio pasivo, el juicio habrá costado cada día más de 13.000 euros. En total, se habrán gastado 419.176 euros. La pena solicitada por la Fiscalía, si es que se les declara culpables, se eleva a una multa de 41.250 euros.

Para obtener esta cantidad no hay otra opción que hacer la cuenta de la vieja. Los gastos fijos son las dietas a los jurados: cada día se les paga 70 euros en concepto de salario y de dietas. Son once, dos de ellos están como suplentes, pero asisten a todas las sesiones. Si el juicio termina el próximo viernes, sus «honorarios» ascenderán a 23.870 euros, a lo que habrá de añadir los costes del hotel en el que permanecerán en su deliberación, que puede durar un máximo de 72 horas y, por tanto, dos noches de estancia. Teniendo en cuenta que suele ser uno cercano al tribunal y, por ello, en el centro de Valencia, la cuenta puede ascender a más de 1.800 euros, a razón de unos 166 euros cada uno.

En el desarrollo del juicio han declarado 78 testigos. La mayoría de ellos ha venido desde Madrid. No hay que olvidar que el «caso de los trajes» es una pequeña parte de la «Gürtel», que operaba fundamentalmente en la capital. De ahí que haya habido que costear sus desplazamientos, tal y como marca la Ley, y su estancia cuando han tenido que esperar para declarar, situación que se repitió con frecuencia durante la primera semana del juicio. De hecho, las previsiones iniciales marcaban que testigos y peritos hubiesen declarado el día 23 de diciembre y el último perito intervino el 10 de enero. Pues bien, entre unas cosas y otras, costear sus declaraciones habrán ascendido a 8.800 euros. Cabía la posibilidad de que se realizasen videoconferencias, pero se desechó esta opción.

Los siguientes gastos cuantificables son las nóminas del magistrado Climent, de los tres fiscales que están presentes cada día en el juicio, dos vienen de Madrid, son Concepción Sabadell y Miriam Segura y también tienen derecho a dietas. En total, a ellas se les pagará 114.000 euros, nómina incluida. Sumados todos los salarios, este apartado asciende a 142.680 euros.

Para superar la cifra que rebasa los 400.000 euros, hay que tener en cuenta también la fase de instrucción que inició el juez Baltasar Garzón, que ascendería a unos 242.000 euros.

El juicio de los trajes se reanudará hoy. Sigue en marcha la fase documental, en la que las partes exhiben ante los miembros del jurado los documentos que consideran importantes para su conocimiento. Muchos de ellos ya se han mostrado en el juicio, por no decir todos, pero aun así, la Fiscalía empleó tres sesiones. Retoma su turno el abogado de la acusación particular, en la que se personó el PSPV, que comenzó el lunes solicitando la audición de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía.

Le seguirán las defensas. Terminado este trámite, previsto para el jueves, le seguirán las conclusiones de las partes. Tras ellas, ya la próxima semana, el magistrado Climent redactará el objeto del veredicto, que pueden impugnar las partes. Una vez acordado, el jurado tendrá un máximo de 72 horas para deliberar.

Polémica instrucción
Si algo ha caracterizado a las sesiones del juicio ha sido el «fichaje» férreo al que ha sometido el juez Climent a Camps y, en menor medida, a Costa. Tanto es así que de los choques bien se podría deducir cierta animadversión hacia Camps. n Las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura, encargadas de la acusación contra el ex president, solicitaron en diversas ocasiones al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era Baltasar Garzón, que fueran eliminadas las conversaciones en las que se dejaba patente que el presidente valenciano había pagado los trajes.