El Gobierno gastará 10 millones en auditorías privadas hasta 2013

El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, se mostró ayer totalmente contrario a la orden dictada por el Ministerio en la que declara la «insuficiencia de medios» de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), para «hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control y auditoría previstas para el año 2001», según expresa la orden publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por este motivo, el departamento dirigido por la también vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha determinado «la necesidad de establecer un proceso de colaboración» con empresas privadas de auditoría, por el cual el Ejecutivo subcontratará la auditoría de determinados organismos estatales.

A juicio de Gestha, la orden ministerial «carece de fundamento», ya que, en su opinión, el Ministerio de Economía y Hacienda cuenta con técnicos suficientes para realizar esta actividad, y debería «dar ejemplo» de contención y austeridad en un momento económico especialmente delicado como el que atraviesa actualmente nuestro país.

Sobrecoste para las arcasSegún precisó el sindicato, y de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, éste gastará más de diez millones de euros entre 2009 y 2013 en la subcontratación de estos servicios, un gasto que los técnicos de Hacienda califican de «excesivo e innecesario», en un momento en el que el déficit del Estado supera los 117.000 millones de euros, fundamentalmente porque muchas de estas auditorías podrían ser realizadas directamente por la IGAE utilizando sus propios recursos.

Este proceso de contratación con empresas privadas, que supone un elevado sobrecoste para las arcas públicas, coincide en el tiempo, según Gestha con la decisión de apartar a los técnicos de sus competencias auditoras, «habiendo sido relegados a puestos prácticamente de auxiliares» muchos técnicos auditores de «larga experiencia y veteranía».

Los técnicos de Hacienda afirman que no se trata de un hecho novedoso, sino que en los últimos años se ha convertido en una «práctica habitual» del Ministerio, especialmente en el caso de empresas y entidades públicas con un volumen de negocio o complejidad elevados, que son la mayor parte de los casos auditadas por empresas privadas.

A modo de ejemplo, Gestha señaló algunas de las operaciones realizadas en los últimos años, y cuyo coste supuso importantes desembolsos para las arcas públicas. La auditoría de las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo fue adjudicada a las empresas Audihispana Grant Thorton, Pricewaterhouse Coopers y KPMG por un importe total de 1.590.345 euros.

Otras cuentas auditadas por organismos externos al ministerio fueron las de Adif, cuyo análisis del año 2007 y elaborado por Deloitte costó al Estado 350.000 euros, o las de Renfe, auditadas por KPMG, y cuyo coste fue de 478.328 euros.