La ley portuguesa para capitalizar los bancos supera la primera votación

El ministro portugués de Finanzas, Vítor Gaspar, destacó que la norma permitirá la capitalización de entidades financieras con dinero público -procedente de los 78.000 millones de euros obtenidos por Lisboa en mayo- como "último recurso"y con el propósito de dar seguridad a los depositantes.

La izquierda marxista criticó con dureza el proyecto, aunque el ministro subrayó que "salvaguarda"el dinero de los contribuyentes, prevé intervenciones sólo en "instituciones viables"y garantiza la recuperación de las ayudas por parte del Estado.

En los acuerdos del rescate financiero suscritos por Lisboa con la UE y el Fondo Monetario Internacional se reservaron 12.000 millones de euros para las necesidades de capital de la banca lusa, afectada por la crisis económica del país y las restricciones del crédito a las que la someten los mercados.

Pero Gaspar advirtió hoy de que la utilización de estos fondos debe ser un último recurso para los bancos frente a otros mecanismos de refuerzo de capitales de procedencia privada, ya sea nacional o extranjera.

La ley establece las condiciones de acceso a la ayuda financiera estatal y señala que su objetivo es reforzar la solidez financiera de las instituciones bancarias y estimular la concesión de créditos a las empresas.

Entre otras condiciones establece que el apoyo financiero estatal se realizará a través de aumentos de capital en acciones ordinarias pero con derechos especiales ante decisiones de calado, como las fusiones.

Además, la concesión de fondos públicos estará sujeta a una fiscalización de la entidad, en la que el Estado nombrará representantes en los órganos de administración y de control.

Los bancos que recurran a ayudas públicas no podrán pagar dividendos sin la autorización del Estado, tendrán limitados los bonos de gestión y estarán obligados a aumentar los créditos a pequeñas y medianas empresas de servicios y comercio, a reducir los costos y a hacer las reestructuraciones necesarias.

La ayuda estatal tendrá un plazo general de tres años y si la entidad necesita más tiempo, un máximo de cinco, pero a partir del cuarto la intervención del Estado será más activa y podrá incluir la venta de su participación accionarial.

Ante las críticas de la izquierda parlamentaria, que pidió un control más estricto de las ayudas públicas, Gaspar sostuvo que el Estado no debe intervenir de forma directa en la banca por su "desastrosa experiencia"en la gestión del sector financiero.

El proyecto de ley, que debe todavía pasar varios trámites parlamentarios y una votación final prevista para diciembre, fue aprobado por los dos partidos de centroderecha que forman la coalición de Gobierno y por los socialistas, que perdieron el poder en las elecciones anticipadas de junio.

No obstante portavoces del ahora principal partido de la oposición advirtieron de que en los próximos debates de la ley defenderán que el plazo inicial para que el Estado salga del capital de los bancos se alargue de tres a cinco años, tesis que también ha defendido el Banco de Portugal.

Gaspar expresó hoy la disponibilidad del Gobierno para estudiar la ampliación del plazo.
Los bancos lusos, aunque afectados por la crisis de la deuda soberana, no tenían previsto recurrir a un refuerzo de capitales con fondos públicos hasta que la UE, tras el perdón parcial de la deuda griega, aumento los ratio de solvencia aplicables, que en junio de 2012 deben ser del 9 por ciento.

La izquierda marxista, al criticar el plan de capitalización con fondos públicos, acusó al Gobierno de "castigar"a la población con aumentos de impuestos y recortes de salarios para entregar dinero a los banqueros en condiciones muy blandas.