Los malos humos de Rosa Aguilar

Sin embargo, ayer dejó su paseo diario y acudió a sus encuentros en la sede ministerial con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y con Pedro Castro, presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), montada en su vehículo oficial: un Peugeot 607 que libera 130 gr de CO2/km –la emisión de un coche corriente– «porque venía de una reunión previa», explicó. Desoyó así la petición del alcalde de la capital de abandonar el coche en casa para evitar el incremento de los índices de contaminación.

Después de una exitosa reunión para Revilla, que caldeó más el ambiente al asegurar que «venía con los pulmones oxigenados de Cantabria y ya noto que tengo la polución en la garganta», le tocó el turno a Castro. Una charla que se alargó más de una hora en la que acordaron «colaborar de forma conjunta en la ejecución de planes nacionales para combatir la contaminación atmosférica», aclaró minutos más tarde el alcalde de Getafe. En definitiva, se trata de promover «el transporte público y los vehículos de energías limpias». El regidor getafense, tampoco predica con el ejemplo, ya que su automóvil, un Audi A8 W12, emite 290 gr. de CO2/km. Y no sólo eso, su municipio es uno de los más afectados por «la boina de contaminación», término con el que los expertos se refieren a la nube que cubre Madrid y Barcelona. El encuentro fue una mera toma de contacto o, como afirma el portavoz de Medio Ambiente del PP, Carlos Floriano, «una reunion de compromiso, para hacerse la foto. Deberían dar ejemplo y utilizar coches más ecológicos, como hace Gallardón», añadió.

El alcalde de Madrid es uno de los pioneros en el uso de vehículos híbridos. Desde septiembre del año pasado, conduce un automóvil que puede llegar a rodar 20 kilómetros sin consumir gasolina y sin emitir ni un gramo de CO2. «Es una solución muy recomendable y que no daña la industria del automóvil», explica Xavier Querol, profesor del Instituto de Diagnóstico Ambiental e investigador del CSIC. Aguilar también hizo hincapié en la división de competencias y en la importancia de que cada localidad implante programas específicos para su municipio: «No voy a entrar a hablar de ninguna ciudad, los ayuntamientos pueden tomar sus propias medidas», concluyó.

Nueva reunión
El 29 de marzo la ministra quiere reunirse con las comunidades autónomas «para elaborar un protocolo común y crear unas herramientas con las que mejorar la situación actual», aclaró la ministra. Entre estos instrumentos, no se hace referencia a ninguna medida de tipo fiscal porque «lo que nos preocupa es la salud de los ciudadanos y no el afán recaudatorio», aseguró. Desde el Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón afirmó ayer que el Gobierno central lleva «una política fiscal equivocada que favorece los vehículos más contaminantes».

El parque móvil con el que cuenta el Gobierno está compuesto por 958 vehículos, de los cuales el 55% utiliza carburantes que liberan altos niveles de CO2 y el 44% consume biocarburantes. Sólo dispone de 8 coches híbridos, Toyota Prius Enchufable. El mismo vehículo «verde» que usa como coche oficial el alcalde de Madrid, el único regidor, hasta ahora, que viaja en vehículo «verde». Fuentes consultadas aseguraron que aunque existe un compromiso del parque móvil del Estado en materia medioambiental, la crisis, sin embargo, ha sido uno de los principales obstáculos para conseguir una flota menos contaminante.

Tanto los ministros como los secretarios de Estado y los directores generales cuentan con coche oficial y son los motores más potentes los que se asignan a los más altos cargos. En 2010, el parque móvil del Estado representó un gasto para las arcas estatales de 53 millones de euros.

Escasas iniciativas
El Gobierno socialista, en los siete años al frente del Ejecutivo, no puede vanagloriarse precisamente de haber impulsado grandes avances a nivel estatal para evitar la contaminación en las ciudades como Madrid, de la que ahora tanto se lamenta. Las iniciativas adoptadas en este sentido han sido consecuencia de la aplicación obligada de directivas comunitarias.

Así, en estos últimos siete años sólo es destacable en este ámbito la aprobación, en 2007, del la Ley de Calidad del Aire, que establecía medidas para la prevención, vigilancia y control de la contaminación. Fue entonces cuando se modificó el impuesto de matriculación en función del CO2 que emiten los coches. Un año más tarde, en 2008, el Gobierno elaboró el segundo programa nacional de reducción de emisiones, que revisaba el que se hizo en 2003. Y a esta hay que sumar otros cuatro decretos consecuencia de la aplicación de cuatro directivas comunitarias.