El PSOE en lugar de terciar con los funcionarios los llama «radicales»

Para el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, los que se han quedado fuera del acuerdo de la reordenación del sector público son «los radicales; las actitudes interesadas que no responden al interés general, y las posturas políticas radicales en el Partido Popular y en algunas plataformas fantasmas, impulsadas y respaldadas por el PP en Andalucía, llenas de violentos, que desde la violencia pretenden hacer oír lo que podían expresar si se sentaran en la mesa a negociar», recoge Ep. Es decir, la mayoría, puesto que sólo CC OO y UGT han llegado a un entendimiento con la Junta, que el jueves ratificaron en la Mesa General de la Función Pública de la que se levantó el sindicato CSIF. Ni el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), ni Ustea, ni los miles de trabajadores públicos aglutinados en plataformas independientes están de acuerdo con el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán.

Pese a que las protestas y la tensión se dispararon en la reunión del jueves, que obligó incluso a la intervención policial en la sede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, desde el PSOE-A y la Junta no se esforzaron ayer en calmar el ambiente. El portavoz parlamentario socialista aseguró que le preocupa «la radicalización violenta» de los manifestantes, a los que llegó a situar «fuera de la democracia» por intentar impedir que la Mesa General de la Función Pública se desarrollara. Lo vivido el jueves fue, en su opinión, «lamentable» y evidencia que algunos han «perdido el norte, las formas y el sentido de su existencia» por cuanto sólo se les escuchaban «insultos y una estrategia política radical de derechas y premeditada, de uso de la violencia para intentar marcar una posición de desgaste a la Administración pública, al interés general, al PSOE y a los sindicatos mayoritarios».

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, no compartió sin embargo que se identifique a CSIF con «aquellos grupos más radicales», aunque dejó claro que no es el primer acuerdo en el que un sindicato se queda fuera ni el primero que alcanza la Junta en materia de función pública donde no ha entrado CSIF. Los disensos en casos anteriores, abundó, «se han terminado solucionando en los juzgados, que son los que acaban dando la razón o quitándola y nosotros estamos muy seguros del decreto que hemos puesto en marcha». Los máximos dirigentes de UGT y CC OO en Andalucía, Manuel Patrana y Francisco Carbonero, sí que cargaron muy duramente contra CSIF, al que compararon con el «nacionalismo excluyente».

Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró que este asunto «empezó mal, sigue mal y va a peor», al tiempo que deslizó que «no se va a ninguna parte poniendo verde a los funcionarios». El líder del PP-A pidió al PSOE-A y a la Junta que haga algo «muy usual en democracia» que es, a su juicio, dialogar con todos. «Algunos hemos dialogado hasta la extenuación, mientras que otros, como Griñán, han provocado una huelga general cuando fue ministro de Trabajo». El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, señaló, asimismo, que presentarán enmiendas para que el decreto –«un bodrio»– «no lo conozca ni la madre que lo parió».


Recurso de Ustea ante el TSJA
El sindicato Ustea ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el acuerdo ratificado el jueves entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos CC OO y UGT. Alegan la vulneración de derechos fundamentales. Asimismo, Ustea criticó que «se haya llevado el decreto a la Mesa General de Función Pública, donde están representados varios ámbitos, como educación, sanidad o justicia, cuando éste es un decreto que sólo afecta a la Administración General de la Junta».