Otro recurso del PP ante el TC por el «decretazo» no invalidaría el admitido

El motivo principal de esta decisión es que algunos de los artículos recurridos por el Partido Popular han sido modificados en el segundo decreto –el 6/2010–, consensuado sólo con CC OO-A y UGT-A y que entró en vigor el lunes.
No obstante, esto no invalidaría el recurso que está ya en marcha y que el PP no tiene intención de retirar. Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN aseguran que el TC «podría pronunciarse sobre la constitucionalidad de los dos decretos, pese a que el primero haya sido corregido, con el fin de sentar doctrina si así procede». Es decir, que ambos recursos pueden seguir en paralelo y que las modificaciones posteriores no libran a la Junta de un eventual varapalo del Alto Tribunal.

En cualquier caso, Arenas señaló ayer en Sevilla que numerosos artículos son «exactamente iguales» a los del decreto de julio y que los «vicios clarísimos de inconstitucionalidad» subsisten. De hecho, de las cuatro patas sobre las que se apoyó el primer recurso del PP, sólo una se ha modificado sustancialmente, al rectificar el Gobierno andaluz y permitir ahora que el decreto se tramite en la Cámara andaluza como Proyecto de Ley y se someta a la discusión parlamentaria. El resto sigue intacto. Primero, la posible vulneración constitucional del derecho a acceder, ejercer y permanecer en las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad. Segundo, la atribución de potestades públicas reservadas por la legislación del Estado a los funcionarios a personas que no tienen garantizada la reserva de su puesto de trabajo, por lo que teóricamente pueden verse sometidas con mayor vulnerabilidad a la presión del Gobierno andaluz a la hora de llevar a cabo sus tareas. Y tercero, la vulneración del derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical que la Constitución reconoce a los trabajadores, dado que el decreto no ha sido negociado en la Mesa Sectorial de la Función Pública. Sí se debatió, sin embargo, en la Mesa General, donde están representados todos los funcionarios (incluyendo el sector educativo o el sanitario), lo que motivó el plante de CSIF a la consejera de Hacienda y Administración Pública y la exclusión de plataformas de amplia representación en la Sectorial como Safja.

Para que el PP no presente el nuevo recurso, el decreto actual tendría que derogarse y el Gobierno andaluz tendría que llegar a un acuerdo con todos los sindicatos. Sólo en un caso más que remoto se cumplirían estas dos condiciones trazadas por Arenas. De momento, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, ya dijo ayer que «es el momento de los diputados y no de los abogados», en relación al debate parlamentario en ciernes. Asimismo, restó importancia a que el TC haya admitido el recurso del PP. Se trata, en su opinión, de un «trámite procesal que no entra para nada en el fondo de la cuestión». «Quien sí ha entrado en el fondo» –dijo– es el Defensor del Pueblo nacional, al declinar la interposición de un recurso ante el Constitucional. Conviene señalar, no obstante, que el TC no siempre admite los recursos. Sólo hay que recordar la desestimación del que interpuso la Generalitat Valenciana contra el Estatuto andaluz.


Los funcionarios gritan «no al enchufismo»
Las protestas no cesan. Empleados públicos convocados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) se concentraron ayer a las puertas de la Consejería de Hacienda para pedir la derogación del decreto de reordenación del sector público y la dimisión de la consejera, Carmen Martínez Aguayo. En algunas pancartas se podía leer «No al enchufismo. Ofertas de empleo reales, legales y sin engaños. Oposiciones libres» y «Rechazo al decreto 5/2010. No a la privatización de los servicios públicos». Asimismo, CSIF-A convocará una cadena humana el 9 de diciembre en torno al Palacio de San Telmo.