El Gobierno sacará 300 cajas del archivo de Salamanca antes de irse

MADRID- El Gobierno termina la legislatura inmerso en sus viejos fantasmas, aquellos que ha agitado desde el principio. Tras darle actualidad al tema del Valle de los Caídos, que andaba ya bastante olvidado, y después del decepcionante frenazo a la ley «antipiratería», que ha enervado a los creadores y a la industria cultural más allá de cualquier barrera ideológica, se vuelve a dar protagonismo al Centro de la Memoria Histórica de Salamanca con un último envío de papeles a Cataluña (hay que recordar que la directora de este archivo, María José Turrión, fue cesada por el Ministerio de Cultura en septiembre de manera fulminante «por pérdida de confianza» y que, en su lugar, hay un director en funciones, Manuel Melgar). Esta nueva remesa, de aprobarse, se haría in extremis a tan sólo unas pocas jornadas de que el Partido Popular entre en La Moncloa.

Banderas, sellos y medallas
Mañana volverá a reunirse el pleno del Patronato de esta institución en el Ministerio de Cultura. Cada vez que entrega documentación a la Generalitat, este organismo interno tiene que convocarse pocos días antes para decidir si aprueba o no esa gestión y elegir qué clase de expedientes se remiten a la Generalitat –dos personas que no quieren ser nombradas han declarado a este diario que jamás se ha pasado a los miembros de este Patronato una relación pormenorizada de lo que se va a trasladar fuera del archivo, lo que indica que la votación es a ciegas–. El veredicto siempre ha sido claro en este punto, como se puede confirmar con hechos: durante los últimos años ha habido seis envíos a Cataluña, cada uno de ellos de diverso calado e importancia. El primero se produjo el 19 de enero de 2006. Una operación que se hizo de madrugada, alrededor de las 06:30. En aquella ocasión partieron 507 cajas en furgones escoltados por la Policía Nacional. A partir de entonces se han sucedido otros, aunque hayan pasado más desapercibidos. Esta vez se espera que la cantidad elegida afecte a varios miles de expedientes. La propia Comissió de la Dignitat, entidad privada que reclama los archivos y cuyo portavoz es Josep Cruanyes, ya reveló hace unos meses que esperaba recibirlos antes de Navidad, aunque los resultados electorales del pasado 20 de noviembre fueran favorables al Partido Popular. También se anunciaba entonces que la cantidad de archivadores superaría los 600. Según ha podido saber LA RAZÓN, el director general del Libro, Rogelio Blanco, mantuvo el lunes 5 y el miércoles 7 reuniones contra reloj para ultimar el listado que presentará en la reunión del patronato. ¿Cuál es la naturaleza de estos nuevos «papeles» y objetos que pueden trasladarse próximamente y que afectarían a más de 4.000 expedientes de documentación contenidos en unas 300 cajas? Afecta sobre todo a carnés, expedientes, circulares, correspondencia, carteles, medallas, banderas, sellos y documentos relacionados con particulares y también con entidades nacionales, un punto que implica cierta controversia. Parte de esta remesa estaría integrada por documentos incautados en Madrid, a lo que se añadiría un tercer cuerpo formado por documentación agrupada en la serie militar, así como un número de banderas cuya procedencia no se ha identificado. Y ahí es donde radica la novedad, pues sería la primetra vez que se daría salida a documentación del Ejército, así como a banderas. Se sumaría también una gran cantidad de volúmenes (el número no se ha podido cuantificar, pero se habla de «multitud») de la Biblioteca de la Memoria Histórica (ya se realizaron otros envíos de libros en diciembre de 2008 y en mayo de 2010). «Es la ley del embudo», afirma Policarpo Sánchez, investigador, que ha venido denunciando de forma periódica las malas prácticas que se han empleado durante este trasvase de documentación histórica. «La ley que aprobó el Gobierno para la devolución de documentos a Cataluña establecía en el punto 2.2 que se devolverían sólo los documentos que se incautaron en este territorio. En cambio, no han hecho esa excepción cuando ocurría al contrario». No es la única región afectada. También Madrid puede incluirse: «Son documentos de organizaciones estatales que provienen de los archivos de partidos políticos y sindicatos de ámbito nacional», aclara Sánchez, quien añade que «el archivo está completamente roto y se va a hacer extremadamente difícil investigar en él». El problema estriba en que la Ley estableció un criterio de territorialidad y no de procedencia (el lugar donde fue expedido el documento), lo que ha dado lugar a infinitud de malentendidos. De hecho, existen abundantes legajos que se han desplazado a Cataluña y que deberían haberse quedado en el Centro de la Memoria Histórica, antes conocido como Archivo de la Guerra Civil. «En otoño de 1936, el Gobierno republicano y las direcciones de los sindicatos y partidos se trasladan a Valencia. Después fueron a Barcelona. Pero esta documentación pertenece a los archivos centrales de estas organizaciones. Su paso por dichos territorios es circunstancial. Se encuentran en Cataluña únicamente porque estaban de paso», explica Policarpo Sánchez. El Patronato del Centro de la Memoria Histórica tendrá que decidir ahora si respalda esta nueva entrega o no. Y, sobre todo, qué clase de documentos manda. Algo que en otras ocasiones no ha quedado nada claro.

Cronología
-19 enero de 2006.
507 cajas son transportadas en 79 paquetes. El envío se hace de madrugada y en medio de grandes medidas policiales.
-22 de diciembre de 2008.
A las 10:00 de la mañana: ciento veinte libros son enviados en un paquete.
-26 de mayo de 2010.
8:30 h. de la mañana: 156.858 documentos, en 270 cajas, más 589 libros, salen del Archivo de Salamanca.
-10 de noviembre de 2010.
El Gobierno acuerda el envío de más de un centenar de cajas al País Vasco y Cataluña. No da cifras de los documentos.
-26 de noviembre de 2010
Cerca de las 08:00 de la mañana, unas 576 cajas parten del Archivo de Salamanca.
-20 de julio de 2011.
Alrededor de 726 cajas vuelven a salir del Archivo.

SALAMANCA PIDE SUSPENDER EL PATRONATO
- La consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, Alicia García, y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, han remitido una carta a la ministra de Cultura en la que piden la suspensión del Patronato extraordinario del Centro de la Memoria Histórica.
- García y Fernández Mañueco aseguran en la misiva conjunta que en el punto cuarto del orden del día del Patronato se incluye «una nueva salida de documentos» del Archivo de la Guerra Civil.
- Tanto el Ejecutivo regional como el ayuntamiento salmantino trasladaron su «sorpresa y malestar» por esta convocatoria extraordinaria del Ministerio cuando el Gobierno está en funciones.