Los españoles pagan sólo el 6% del coste de la receta

MADRID- Con la Unión Europea y los mercados pisándonos los talones y exigiendo un ajuste millonario de las cuentas públicas, recortar el gasto y elevar los ingresos se ha convertido en un imperativo para todas las administraciones. Y como siempre, cuando se trata de meter la tijera, la vista se desvía, inevitablemente, a aquellas partidas que más recursos consumen: a saber, la educación y la sanidad, principalmente. Por ese motivo, y más teniendo en cuenta que el Sistema Nacional de Salud (SNS) arrastra una deuda de unos 15.000 millones de euros –el equivalente al 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto–, el copago se ha convertido en una alternativa para muchos necesaria cuando se trata de salvar a la Sanidad Pública. La polvareda que ha levantado la aprobación por parte de Cataluña del pago de un euro por receta ha desatado una oleada de voces a favor y en contra de la posibilidad de gravar, aún más, la factura que pagan los españoles por los medicamentos. Porque, no lo olvidemos, el copago farmacéutico ya existe en nuestro país. Así, y con el sistema actual, los ciudadanos «activos» laboralmente, ya pagan cuatro de cada diez euros de las recetas dispensadas por el SNS, y sólo pensionistas y enfermos crónicos se libran de él.

En este sentido, y según un informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de los 13.894 millones de euros correspondientes a la factura farmacéutica –están excluidos los medicamentos de uso hospitalario– de 2010, los ciudadanos aportaron un total de 790,9 millones, es decir, el 5,69 por ciento del precio de venta. Esto se debe a que son los pensionistas los que concentran la mayor parte del gasto –el 73,8 por ciento– y de las recetas –el 71,1 por ciento– farmacéuticas.

No obstante, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) «Health at a Glance 2011», eleva el porcentaje que pagan los españoles por las medicinas hasta el 25,5 por ciento de su precio. La diferencia radica en que los datos proporcionados por Sanidad incluyen únicamente aquellos fármacos que se dispensan con receta. Aún así, España es el sexto país de la OCDE con menor tasa de copago farmacéutico, lejos del 32,8 por ciento de media de la organización, y a años luz de países como Polonia o Estonia, donde la cifra se eleva hasta rozar el 60 por ciento.

Consenso sanitario
A pesar de ello, por el momento son más los detractores del llamado «tique moderador» que los benefactores, si bien son varias las comunidades autónomas que han abierto la puerta a la posibilidad de estudiar el copago farmacéutico, pero siempre que sea en consenso con el Ministerio de Sanidad y sobre medidas que se apliquen a todo el territorio nacional, y no de forma unilateral, como es el caso de Cataluña. Regiones como Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia o Islas Baleares ya han aclarado que el asunto no está de momento sobre su mesa, pero no se han cerrado a la posibilidad de discutirlo entre todas las CC AA en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. Otras como Navarra, Islas Canarias, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana o Extremadura han optado por distanciarse de esta cuestión, evidenciando así la división de opiniones de las autonomías al respecto.

Alternativas
Médicos y farmacéuticos se han posicionado ya en contra del copago catalán y de la extensión de la medida al resto del país. La Sociedad Española de Medicina de Familiar y Comunitaria, que representa a unos 20.000 médicos de toda España, manifestó en un comunicado que el copago puede «poner en riesgo la equidad social y la salud de la población». Por ello, apostó por alternativas como elevar los impuestos sobre productos como el tabaco, la racionalización del gasto, modificar las políticas de cobertura de nuevos fármacos o modificar la cartera de medicamentos y prestaciones sanitarias, eliminando aquéllas poco efectivas o con mala relación efectividad-coste.

En la misma línea se expresó el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, Fernando Redondo, que calificó de «ilegal» la decisión catalana, ya que genera «desigualdad» con el resto de españoles.