Irregularidades por Fernando Vilches

Para la RAE, «irregularidad» es «malversación, desfalco, cohecho u otra inmoralidad en la gestión o administración pública, o en la privada», e «ilegalidad», «falta de legalidad o acción ilegal». Con ambos conceptos nos desayunamos muchos días, bien sea por comisiones de investigación parlamentarias, bien por operaciones policiales con nombre de procedencia nipona. A los políticos les agrada más utilizar la palabra «irregularidades», es la cantinela que han repetido los que se podrían suponer responsables de los desvíos de unos eurillos en el asunto de los ERE andaluces. Total, como ha dicho la inefable «Maleni», claro que se me pueden olvidar 12 mil millones de euros, si yo manejé muchos más. Ya ocurrió en España con aquel jefe de los guardias civiles encargado de vigilar la caja de los dineros públicos destinados a operaciones terroristas, un tal Roldán, que tuvo un celo extraordinario en su cometido, tanto que se lo llevó para casa, eso sí, para que ningún otro lo robara. Si entre las reformas del Código Penal se incluyera la de devolver hasta el último céntimo de euro público a aquellos que han metido la mano donde no debían, y que, hasta producirse esa devolución, no saliera fecha de juicio, creo que podrían pasar dos cosas: una, que ya se tentarían más la ropa los amigos del dinero público y, dos, el Gobierno ingresaría unas cantidades bastante estimables en sus arcas, lo que alejaría el fantasma del temido rescate. Para devolver el prestigio perdido a la clase política, en la que hay, aunque sea difícil de creer, personas muy valiosas y honradas (como muestra baste el botón de Juan Carlos Aparicio, en el PP, y de Jaime Lissavetzki, en el PSOE), hay que alejar de forma fulminante a aquellos que piensan en, según la declaración de Chávez, «delinqüir», así, con diéresis.