Sólo suben las pensiones y los intereses de la deuda

Madrid- «Decir que hay desprotección social es negar los datos de los Presupuestos». Frente a los que le acusan de estar acabando con el Estado del Bienestar, el Gobierno exhibió ayer unas cifras de gasto social que, al menos sobre el papel, desmontan tales críticas. Según lo avanzado, el 63,6 por ciento del gasto consolidado que contemplan los Presupuestos estará destinado al pago de cuestiones como las pensiones o el desempleo. Como reconoció Montoro, si la partida es tan voluminosa es porque la crisis económica es profunda. Lo preocupante, sin embargo, sería que no se pudieran activar estas partidas para los que más lo necesitan, argumentó el ministro de Hacienda.

En total, los presupuestos contemplan un incremento del gasto del 5,6%, hasta los 169.775 millones de euros, motivado, en buena parte, por el incremento de los intereses de la deuda, que pasarán de 28.848 millones de euros a 38.590 millones (ver información inferior). Excluidos la aportación a la Seguridad Social, este pago de intereses y el sistema de financiación de las comunidades autónomas, el descenso del gasto previsto es del 7,3%. De hecho, como explicó Montoro, «el esfuerzo de contención del gasto público en 2013 tendrá más peso en la consolidación fiscal que el aumento de los ingresos. El 58% del ajuste es reducción de gasto y el 42%, de ingresos», detalló el ministro. Esta circunstancia, abundó la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, demuestra el compromiso del Gobierno para hacer más eficiente y menos costosa la administración general del Estado.

Los que verán sensiblemente mermados sus recursos como consecuencia de la determinación del Gobierno de cumplir con los objetivos de déficit serán los ministerios. Para el año próximo, dispondrán de un presupuesto de 39.722 millones de euros, un 8,9% inferior al de este ejercicio. Los más afectados serán el de Agricultura, cuyo presupuesto será un 25,4% inferior, Industria (-21,3%) y Educación (-17,2%). La misma obsesión por el déficit es la que llevará a reducir en un 8,2 por ciento el consumo final de las administraciones públicas, frente al 4,8 por ciento que se reducirá este ejercicio.

La congelación por tercer año consecutivo de los salarios de los funcionarios, así como la no reposición de oferta de empleo público, salvo en sectores sensibles como personal de hospitales o docentes, también tendrá como consecuencia una reducción del gasto del personal activo del Estado del 3,9%.