Un paso más para despedir a los cabecillas de la huelga

El fallo del juez, además de declarar ilegal la huelga, considera que los sindicatos se «extralimitaron» al no respetar los servicios mínimos del 50 por ciento que decretó para aquellos días el Gobierno regional.

Los sindicatos declararon ayer que recurrirán al Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez, una maniobra con la que esperan ganar tiempo en el trámite que siguen los diversos expedientes abiertos contra cientos de trabajadores. En total, el Gobierno regional abrió partes por falta grave a 648 trabajadores. Para aquellos que formaron parte del Comité de Huelga, la empresa propuso que recibirán la máxima pena que impone el convenio colectivo de Metro, de diez días de suspensión de empleo y sueldo. Y para tres de ellos, los cabecillas, el despido.

Según han declarado los sindicatos, muchos de aquellos expedientes ya se han llevado a término con suspensiones de empleo y sueldo, pero otros –entre los que están los de expulsión– aún se encuentran en periodo de alegaciones. La Consejería de Transportes quería esperar a que la Justicia se pronunciara a cerca de la ilegalidad de la huelga, con lo que la sentencia de ayer servirá para avalar los previsibles despidos de los «instigadores» de los paros del 29 y 30 de junio.

La Comunidad no actuará, según declaró ayer a Ep el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, va a esperar a que el fallo sea firme para tomar «cualquier determinación» sobre el conflicto. Aunque ya advirtió de que la decisión judicial «ampara todos los expedientes y actuaciones» que se han llevado a cabo hasta ahora.

Sin argumentos
Aunque el proceso de los expedientes es ajeno al de la sentencia de ayer, el escrito del juez desarma todos los argumentos con los que los sindicatos ha intentado justificar la huelga salvaje que protagonizaron. Además de no considerar como válido el hecho de que los trabajadores consideraran los servicios mínimos impuestos –del 50 por ciento– como «excesivos», el magistrado hecha mano de una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se dice que el derecho de los trabajadores a defender sus intereses mediante la huelga «cede cuando con ello se ocasiona un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si su reivindicación no tuviera éxito». Y añade,: «Es claro que ocurre así cuando se impide el funcionamiento de lo que la Constitución llama servicios esenciales a la comunidad».

Asimismo, la sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid aclara que el servicio de Metro es «esencial» porque «satisface la libre comunicación y circulación y el acceso al trabajo, a los lugares de residencia o a los centros en los que los ciudadanos obtienen la prestación de derechos fundamentales».

Por último, el tribunal tiene en consideración los daños que la huelga salvaje provocó a los madrileños al subrayar cómo «se acreditó el elevado número de usuarios que resultaron afectados directa e indirectamente, como hecho notorio, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que se vieron impedidos o enormemente dificultados en sus desplazamientos para acudir a su puesto de trabajo y volver a su residencia, acudir a centros sanitarios o educativos, así como la repercusión económica».

Va a sentar precedente
Para la Comunidad de Madrid la lectura de la sentencia es clara: «creará jurisprudencia». El juez subraya que los servicios mínnimos hay que culirlos «aunque sea en parte» aunque hayan sido recurridos. A partir de ahora «no va a haber ninguna huelga que no respete estos servicios mínimos. El día que sea firme se podrá poner en valor en los Tribunales en toda España, no sólo en Madrid», apuntó el consejero, en la misma línea en la que se manifestó a primera hora de la mañana Esperanza Aguirre. Ambos aprovecharon ayer, además, para «demandar y exigir» una Ley de Huelga. Y es que para ambos, «si hubiéramos tenido una Ley de Huelga esto no se habría producido»