Privilegios sindicales por José María Marco

Desde la Transición hasta 1996 siempre trabajaron en España 16 millones de personas. Luego, a partir de las reformas del Gobierno de Aznar, el número de personas que trabajaban subió hasta los casi 20 millones. En cambio, no se pudo reducir el número de parados por debajo del 10% por ciento. Las razones para esta deficiencia específica del mercado de trabajo español no son achacables al carácter de los españoles, ni a la naturaleza de nuestra economía. Estamos entre los quince países más ricos y más desarrollados del mundo, somos una gran potencia exportadora, tenemos una economía productiva diversificada y altamente competitiva, y gozamos de infraestructuras extraordinarias. A pesar del esfuerzo que se ha hecho para impedirlo, los españoles están cada vez mejor formados: saben más, se manejan con soltura en idiomas extranjeros, tienen una perspectiva global de las cosas. Ninguno de estos hechos explica que los niveles de paro en nuestro país lleguen al doble de los de los demás países desarrollados.

En cambio, los especialistas están de acuerdo en relacionar este paro estructural con el sistema institucional y político que ha regido hasta ahora las relaciones laborales. Los sindicatos recibieron un considerable patrimonio inmobiliario (450 inmuebles para la UGT y unos 150 para CCOO), han monopolizado los cursos de formación profesional y gozan del privilegio de no presentar cuentas. No rinden cuentas al Estado ni a los contribuyentes, que son quienes pagan las pancartas, los carteles, las banderas republicanas y los sindicalistas profesionales del pasado 11 de marzo. También serán los contribuyentes quienes pagarán los «piquetes informativos», de cuya actuación, siempre muy violenta, depende la repercusión de la huelga general del día 29.

Todo esto pondría de manifiesto un grado de desajuste histórico –de corrupción, si se quiere– relativamente banal, si no fuera porque el poder de los sindicatos tiene otras repercusiones, que atañen a la naturaleza misma del trabajo en España. Gracias a la estructura de la negociación colectiva, los sindicatos (y la patronal) han sustituido en España a las Cortes y al propio mercado de trabajo. La negociación corporativa ha prevalecido sobre el Parlamento, y a los empleados y a los empresarios no les quedaba hasta ahora más remedio que acatar decisiones tomadas por quienes no les representan. La reforma laboral del nuevo Gobierno ha empezado a cambiar este Estado corporativo y a introducir flexibilidad y libertad en una situación estancada. Todos nos beneficiaremos de ello, en particular quienes quieren empezar a trabajar y no han podido hacerlo porque había que mantener intactos los privilegios de los sindicatos. A Mariano Rajoy no le gustaban los «líos». Pues bien, se enfrenta a uno de los más serios desde la Transición.