Los profesores ya son «autoridad pública»

El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado hoy la Ley de Autoridad del Profesor con la abstención del grupo socialista, que votó en contra del mismo texto hace menos de un mes en la Comisión de Educación de la Cámara.

La portavoz de Educación del PSOE, Fátima Peinado, ha explicado que su grupo votó en contra en la comisión porque la ponencia había sido un "paripé", porque no había habido "debate"y porque de sus enmiendas el PP había aceptado "apenas alguna cuestión formal".

Sin embargo, en una "reflexión posterior", los socialistas vieron que "como la ley no va a tener ningún efecto práctico, no tenía sentido votar en contra"hoy en el pleno, ha argumentado la portavoz en declaraciones a Efe.

La Ley de Autoridad del Profesor otorga a los más de 75.000 docentes de la Comunidad de Madrid -67.000 de la red pública y concertada y más de 8.000 de la privada- la consideración de "autoridad pública".113 diputados presentes, 60 a favor, 12 en contra y 41 abstenciones.

Su aprobación definitiva ha tenido lugar con 60 votos a favor (PP), 12 en contra (los once de IU más uno de otro diputado) y 41 abstenciones (PSOE).

La socialista Fátima Peinado, que ya en la ponencia de la Comisión la denominó "ley placebo", sostiene que el texto es una "mera declaración de intenciones".

También la portavoz de Educación de IU, Eulalia Vaquero, considera que es una ley "inútil"y "oportunista", aunque no "inocua", ya que -a su juicio- "deja a los docentes solos y sin recursos ante los problemas de convivencia en las aulas".

La ley otorga la condición de autoridad pública a los profesores, directores y demás miembros de los órganos de gobierno de todos los centros educativos de la región.

Esto supone que los docentes gozarán del "principio de veracidad"en sus denuncias, lo que les da la posibilidad de adoptar "medidas cautelares provisionales"contra los alumnos que contravengan las normas de convivencia.

El texto establece que el profesor gozará de "respeto y consideración por parte de los alumnos, los padres y los demás profesores", y también de una "protección jurídica adecuada a sus funciones docentes"y de la "potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces".

Además, obliga a los alumnos a "reparar los daños que causen, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, los materiales del centro y las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación".

Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en estos casos.

Cuando los alumnos incurran en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores, la ley les obliga a "reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado", según lo que determine el órgano competente para imponer la corrección.

En los pasillos de la Asamblea, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha defendido esta ley, que ella misma prometió el pasado septiembre en el Debate sobre el Estado de la Región, y ha subrayado que "lo importante es que todos comprendamos que el profesor tiene una labor importantísima, que es enseñar, y para ello necesita del respaldo, del orden y de la disciplina".

Por su parte, el portavoz del PP, David Pérez, ha arremetido contra el modelo educativo socialista, que en su opinión "ve al profesor como una especie de 'coleguilla'"y "promueve el 'cachondeillo' en las aulas".