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Palacios descarta cerrar la puerta de los hospitales a los alumnos de la UCAM
MURCIA- La consejera de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios, afirmó ayer que «no se puede cerrar las puerta de nuestros hospitales, porque son públicos y como tal, cualquier persona tiene derecho a ir a ellos y a beneficiarse de lo que allí podamos enseñar».
Palacios salió así al paso de las declaraciones que realizó el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, quien dijo esperar que los alumnos de Medicina de la UCAM no hagan las prácticas en los mismos hospitales que utilizan los alumnos de la institución pública, en caso de que la privada reciba la autorización para impartir finalmente esta titulación. De hecho, confió en el «buen sentido» de los gestores de lo público «para que los alumnos de Medicina de la universidad pública y los estudiantes de Medicina de la UCAM no coincidan en los mismos hospitales».
Al respecto, Palacios, en una entrevista concedida a Europa Press, recordó que en la Ley de Sanidad de 1986 se prevé que todos los centros sanitarios «tienen que estar a disposición de las universidades de enseñanzas tanto públicas como privadas para facilitar el curriculum que los alumnos tienen que hacer». «Llevamos muchos años compartiendo los alumnos de la Universidad de Murcia y de la UCAM prácticas de enfermería y fisioterapia en hospitales de la Región y no ha habido ningún problema», insistió la consejera, quien reconoció que al comienzo de ponerse esa práctica era algo nuevo y había que encajarlas, pero ahora mismo funcionan con «total normalidad».
Pese a esto, la consejera dejó claro que la autorización a la UCAM para que implante los estudios de Medicina es un tema que no compete al Gobierno regional, que lo único que tiene que hacer es «velar porque esas enseñanzas sean de la calidad que se merecen los alumnos que acuden a esas universidades».
Por otro lado, también en el ámbito sanitario, la Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica de Cartagena, dependiente de la Consejería, abrió un expediente sancionador a una farmacia de la ciudad portuaria por no disponer de la existencia de productos como establece la normativa.
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