Los sindicatos irán a la huelga general en vísperas de las autonómicas

La desafección sindical hacia el Gobierno ha llegado a tal extremo que ya nadie duda de que, al final, habrá que volver a tomar las calles para protestar contra el Gabinete de Zapatero y sus reformas pendientes, destinadas a «convencer a Bruselas, a agradar a unos mercados insaciables y a no sacarnos de la crisis económica».

Pese a que el diagnóstico de la situación es preciso y certero, los líderes sindicales optarán por la cautela. Se tomarán su tiempo antes de convocar otra huelga general contra el Gobierno socialista. Será la segunda en menos de seis meses y «antes de echarle el pulso hay que medir las fuerzas para evitar que se convierta en un descalabro» de los representantes de los trabajadores.

Esta razón de peso obliga a los sindicatos a calentar, previamente, motores para caldear el ambiente. Por eso, en principio, descartan la convocatoria de un paro general el próximo mes. Eso sí, organizarán movilizaciones en toda España, casi con toda seguridad, el próximo 26 de enero, dos días antes de que el Consejo de Ministros de su plácet a la reforma del sistema público de pensiones, que alargará la vida laboral hasta los 67 años de edad.

De nuevo, la «gran putada»
No obstante, advierte de que hubieran preferido no tener que afrontar de nuevo «la gran putada», parafraseando al secretario general de Comiciones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, que supone convocar una medida de presión semejante. Por eso primero se irán cargando paulatinamente de razón y, de paso, irán calentando motores.

Sin ir más lejos, los secretarios generales de las federaciones y de los territorios de ambas centrales se reunirán, por separado, mañana para evaluar la situación, la convocatoria de la huelga general y el calendario de movilizaciones, que culminará con el segundo plante general que organicen contra la política económica de Zapatero en unos meses.

Pese a ello, los sindicatos están dispuestos a permanecer en la mesa de negociación con el Ejecutivo hasta el final, hasta días antes de que apruebe la reforma de las pensiones el próximo 28 de enero. «Así, nadie nos podrá acusar de no explorar hasta el último resquicio un posible acuerdo», avisan fuentes sindicales.

Pero el fracaso de las negociaciones está cantado de antemano por lo irreconciliable de ambas posturas. Por si fuera poco, la llegada de Valeriano Gómez a Trabajo ha logrado el efecto contrario del que se perseguía con su nombramiento. Lejos de calmar los ánimos, los ha crispado aún más. Algunos dirigentes sindicales no ocultan su desapego hacia el nuevo titular de Trabajo, de quien critican sus altibajos. El perfil del sustituto de Celestino Corbacho no termina de convencer en Fernández de la Hoz, sede central de Comisiones Obreras en la capital. Mientras en UGT hay quien no se fía de Gómez, administrador único de la de la inmobiliaria ugetista PSV.

Ni siquiera su presencia en la huelga general del pasado 29 de septiembre fue entendida por las centrales, sobre todo, si se tiene en cuenta que el ministro fue uno de los padres de la reforma laboral, chispa que encendió el fuego de la protesta.

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco representa, en este momento, un puente de unión con las organizaciones de los trabajadores. Al contrario, su determinación a adoptar contra viento y marea los ajustes que le impongan desde Bruselas supone un punto de continua fricción con los sindicatos. Por eso Zapatero ya da por descontado un nuevo paro general contra su Gabinete. De ahí que se muestre resignado cuando aborda su relación con las centrales sindicales, idílica antaño. «La responsabilidad» se impone a los «ideales», repite a sus colaboradores para justificar la difícil situación por la que atraviesa su «desgastado Gobierno», según fuentes gubernamentales.