El PP asegura que la ley de costas potencia el turismo y mejora la protección ambiental

MURCIA- El nuevo anteproyecto de la ley de costas, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, responde a la incertidumbre en la que se encontraban inmersas diversas propiedades situadas en dominio público en las costas de la Región. Al respecto, el diputado del PP por Murcia y portavoz del área de Fomento en el Congreso de los Diputados, Andrés Ayala, consideró ayer a LA RAZÓN que la nueva regulación de costas es «equilibrada», ya que según apuntó,«resuelve los problemas que la legislación socialista del año 1988 había dejado sin solucionar, a pesar de los años transcurridos», ya que ésta «vulneraba un uso ordinario, común y compatible de las playas cercanas a los núcleos urbanos». Asimismo, el responsable popular destacó que la nueva regulación «antepone la protección medioambiental de nuestras costas vírgenes, conjugándolo con el uso de las playas urbanas», al tiempo que añadió que por primera vez la ley de costas «aporta una serie de medidas para conseguir la protección medioambiental con una mayor fuerza en los espacios naturales protegidos».

No obstante, desde que el Gobierno diera luz verde a la reforma de la ley de costas, las primeras reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, el colectivo hostelero respiró con tranquilidad al conocer que podrían seguir manteniendo sus negocios en los lugares costeros, mientras que las asociaciones de ecologistas criticaron la nueva regulación, al entender que perjudica los espacios naturales y costeros. A este respecto se refirió el diputado del PP, quien matizó que «la medida intenta ayudar a un sector importante, que se ve muy afectado por la crisis, como es la hostelería y el turismo, a la vez que mejora la protección medioambiental en nuestras costas».

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, afirmó que la legislación de costas «va a ayudar a mejorar el turismo en la Región de Murcia, que cuenta con importantes proyectos y, permitirá a su vez, atraer a un importante número de visitantes extranjeros», al tiempo que consideró que el anteproyecto conseguirá «dar una imagen de seguridad a todos los visitantes y a toda Europa», ya que la anterior regulación «ha perjudicado la imagen del país al crear inseguridad jurídica a las personas que invierten en nuestras costas y en nuestras regiones».