Unas cuentas para combatir el déficit

Madrid- El pasado 3 de abril, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, presentaba en el Congreso de los Diputados los primeros Presupuestos Generales de la era Rajoy. En aquella ocasión, con la obsesión de la herencia socialista, Montoro fue contundente a la hora de definir los objetivos de las cuentas públicas para el año en curso: «Lo primero es el déficit, lo segundo, el déficit y lo tercero, el déficit». Ayer, en el mismo escenario, el titular de Hacienda se reafirmaba en esa tesis, en el «convencimiento de que «acabando con el déficit público, acabaremos con la crisis».

Para Montoro, las cuentas públicas para el próximo año abren el camino para el futuro crecimiento del PIB. «Son los que necesita nuestra economía para crear empleo» o «nos tienen que servir de palanca para salir de la crisis y devolver la confianza de que somos un país fiable, un socio fiable», fueron algunos de los términos utilizados por el ministro para definirlas.

El final del túnel
El objetivo de los presupuestos es situar a la economía española en el final de la recesión. «Para ello –dijo– España no necesita relajar su política de lucha contra el déficit público, sino todo lo contrario». Y es que, en 2013, España tiene que cerrar con un desfase entre los gastos e ingresos del conjunto de las administraciones públicas del 4,5% del PIB (3,8% para la Administración central, 0,7% para la comunidades autónomas y equilibrio para ayuntamientos y diputaciones provinciales).

El ministro destacó la importancia que para España tiene el hecho de que, por primera vez en muchos años, España no vaya a necesitar recursos adicionales del resto del mundo, en forma de financiación de los mercados. En 2013 pasaremos de unas necesidades equivalentes al 1,4% del PIB (alrededor de 14.000 millones de euros) a ser excedentarios en 6.000 millones (0,6%).

Según el ministro, España va a hacer en 2013 un ajuste del déficit estructural de entre 2,5 y 3 puntos porcentuales de PIB, lo que equivale a hablar de entre 25.000 y 30.000 millones de euros. La Administración central va a contribuir con 13.000 millones de euros a ese objetivo. Un 58% del ajuste propuesto vendrá por la vía de la reducción del gasto, y el restante 42% por el aumento de los ingresos impositivos.

Apretarse el cinturón
El presupuesto consolidado de gastos, que incluye el Estado, la Seguridad Social, los organismos autónomos y otras entidades del sector público ascenderá el próximo año a 305.532,5 millones de euros, un 2,2% más que en 2012, mientras los ingresos se situarán en 266.114,6 millones, un 0,9% más que en el presente ejercicio. El Estado absorberá el 44,9% del gasto consolidado; la Seguridad Social, el 40,1%; los organismos autónomos, el 14,2%, quedando el 0,8% restante a cargo de otras entidades del sector público administrativo.
En el caso del Estado, el gasto será de 169.775 millones de euros, un 5,9% superior al de 2012. Si se excluyen los pagos de intereses de la deuda, la aportación a la Seguridad Social y la financiación a las administraciones territoriales, el Estado se apretará el cinturón en un 7,3%.

Recorte a los ministerios
Para los ministerios quedarán disponibles 39.722 millones, un 8,9% menos que en el actual presupuesto. Montoro, que había reconocido el esfuerzo que van a hacer los ciudadanos españolas durante el próximo año, tuvo palabras de elogio para los funcionarios. Su coste caerá un 3,9%, algo menos que los gastos corrientes, que bajarán dos puntos porcentuales más. La inversión pública será la gran perjudicada, con un descenso del 17,6%.
De cada cien euros del presupuesto consolidado de gasto, 63,6 (56 si se tiene en cuenta el servicio de la deuda) irán destinados el próximo año a gasto social (pensiones, vivienda, pagos de prestaciones por desempleo); 17,2 euros, a transferencias a otras administraciones públicas, y 6 euros a servicios públicos básicos como justicia, defensa o seguridad ciudadana).

En la rueda de prensa que siguió a la presentación de los PGE, Montoro reconoció que el Gobierno había renunciado a la rebaja de las cotizaciones sociales porque la reducción del déficit es prioritaria.

El ministro hizo una encendida defensa de la política del Gobierno y acusó a las dudas sobre el euro de los diferenciales que España ha estado y está pagando por su deuda pública. «No aceptamos los costes financiero actuales; son inaceptables en la UE y no tienen sentido económico». Y es que la deuda se llevará el próximo año 38.598 millones de euros, un 33,8% más que este año.
ç