El Estado privatizará los aeropuertos de Barajas y El Prat por 5300 millones

Así lo confirmó ayer el nuevo portavoz del Gobierno y titular de Fomento, José Blanco, al término del Consejo de Ministros. De los 5.300 millones, 3.700 corresponderán al aeropuerto madrileño y los restantes 1.600 millones al barcelonés. El Estado ingresará esta cuantía con la adjudicación de ambos aeropuertos a manos privadas, que gestionarán sus infraestructuras durante 20 años, plazo prorrogable por cinco años. Para ello, el Consejo de Ministros dio ayer su plácet a la constitución de las dos sociedades concesionarias de ambos centros. El concurso para su adjudicación comenzará el 30 de julio y concluirá antes de final de noviembre próximo.

Canon anual
Los adjudicatarios dispondrán de un período de transición de un máximo de tres meses, a partir de los cuales, en la primavera de 2012, se harán cargo de la gestión de ambos aeropuertos. Para ello, deberán pagar un canon anual del 20% de la facturación de los aeródromos, con un mínimo garantizado anual de 150 millones en el caso de Barajas y de 80 millones, en el de El Prat. Además, el Ejecutivo constituirá antes de final de año la sociedad de vigilancia de las concesionarias, que estará integrada por los ayuntamientos, las comunidades autónomas y los agentes económicos y sociales.
El Gobierno privatizará también el 49% del capital de Aena. De momento, no ha decidido, ante la inestabilidad de los mercados, cómo lo hará. Es decir, ignora si sacará Aena a Bolsa u optará por una colocación entre inversores institucionales. Previamente, una sociedad de tasación independiente decidirá su valor. El Consejo Consultivo de Privatizaciones controlará todo el proceso. Mientras, el Gobierno aún no ha decidido la solución que adoptará con otros aeropuertos con menor tránsito que los de Barajas y El Prat.

La Generalitat pide voz
El conseller Lluís Recoder pidió al Gobierno que la Generalitat y las instituciones catalanas tengan «una posición determinante» en la futura sociedad de control de El Prat. Además, el Govern se opone a que Madrid y Barcelona tengan la misma concesionaria para mejorar la competencia.