Un proyecto de 18 años

El despertar esta misma semana de la «operación Chamartín» que, tras décadas de letargo, parece que afronta su recta final hacia el norte de Madrid ha hecho que muchos «giren» su mirada 180 grados y la dirijan justo hacia el lado opuesto, al sur de la capital, donde otra gran operación aún espera a que «alguien» le quite el polvo de encima. Se trata de la «operación Campamento» a la que a los 20 años de reuniones y acuerdos entre las administraciones competentes, hay que añadir la paralización generalizada de obras de los últimos tiempos debido a la crisis económica. La idea, que surgió del ex presidente de la Comunidad Joaquín Leguina en 1993 –entonces fue bautizada como «Castellana Sur»–, está más cerca del momento en el que las excavadoras comiencen los trabajos de demolición. Según fuentes del Ministerio de Defensa, a mediados de este año la empresa pública del suelo «Sepes» (a través del Ministerio de Vivienda) adquirirá a la Gerencia de Infraestructuras de Defensa (GEID) el 51 por ciento de parte de los terrenos para comenzar los trabajos de derribo de los antiguos cuarteles de Campamento.

La operación es una especie de «pack» que incluye 10.700 viviendas (7.500 de protección oficial y 3.200 libres), equipamientos sociales, el soterramiento de 2,6 kilómetros de la autovía de Extremadura A-5 (desde el túnel de la avenida de Portugal hasta el cruce con la carretera de Boadilla) y hasta un intercambiador de transportes junto a la estación de metro de Aviación Española. Los distintos proyectos competen al gobierno Central, regional y local pero el Ministerio de Defensa es el propietario de la mayor parte de las casi 900 hectáreas implicadas en la operación (8.749.251 metros cuadrados). Fuentes de esta área aseguran que ya han sido confeccionados los pliegos de condiciones para demoler parte de las instalaciones: el acuartelamiento de Santa Teresa (57.183 metros cuadrados) y el Polígono de Experiencias (18.270), pero aún falta presentar el proyecto de urbanización del terreno (y su correspondiente aprobación por parte del Ayuntamiento), determinar las fases de las obras y constituir la Junta de Compensación.

El último movimiento respecto a esta operación «eterna» lo hizo el Ayuntamiento de la capital cuando en marzo de 2009 aprobó el Plan Parcial del Desarrolllo, trámite necesario para poder iniciar las obras. En febrero del año pasado se hizo efectivo el preacuerdo por el que Sepes adquiriría la compra de parte de los terrenos. Entonces, se dijo que las viviendas comenzarían a construirse en 2012. Si se cumple la «promesa» de los derribos a mediados de este año, sería viable también la fecha de inicio de las obras. Sin embargo los vecinos de los barrios adyacentes, a los que estaría dirigidas esas VPO, no albergan esperanzas. A muchos sólo les interesa que soterren ese tramo de la A-5 que les provoca excesivo ruido nocturno.