Bruselas
Zapatero obedece a Merkel y acepta ajustar salarios a productividad
Un gobierno económico europeo a la alemana. La canciller Angela Merkel consiguió ayer que los Veintisiete dieran su respaldo al rebautizado como "pacto por el euro", una versión «light» de la serie de reformas que Berlín intenta aplicar a los peores alumnos de la moneda común a cambio de un fondo de rescate con más recursos económicos y más posibilidades.
El documento aprobado ayer en Bruselas por los líderes de la eurozona agua la propuesta original de Merkel, su pacto por la competitividad, que el pasado 4 de febrero intentó imponer a los europeos para seguir siendo la principal prestamista, pero que chocó con la mayoría de Estados miembros por sus exigencias para terminar con la indexación de los salarios, el impuesto de sociedades irlandés o la introducción de frenos al endeudamiento. Finalmente, quedará en manos de cada Gobierno la posibilidad de presentar reformas cada año para conseguir cuatro objetivos básicos: impulsar la competitividad, el empleo, una mayor contribución a la sostenibilidad de las finanzas públicas, y un refuerzo a la estabilidad financiera.
Aunque la responsabilidad será de cada Estado miembro, Merkel ha logrado que los europeos presten «atención particular» a las medidas que requirió en un primer momento, aunque algo modificadas, según recogía la última versión del borrador al cierre de esta edición.
Productividad: se vinculará a los salarios, y se vigilarán los costes laborales unitarios comparándolos con otros países de la zona euro y de otros socios comerciales «comparables».
Igualmente, se dará especial atención a las reformas en la fijación de salarios, «notablemente en el grado de centralización de la negociación colectiva, y donde sea necesario en los mecanismos de indexación» que vinculan la subida de los salarios a la inflación, aunque añade que se «mantendrá la autonomía de los agentes sociales en el proceso de negociación colectiva».
Además, los europeos, en paralelo con lo que está pasando en EEUU con los sindicatos en Wisconsin, también buscan meter en cintura al sector público «asegurando que su fijación de salarios apoya los esfuerzos en competitividad del sector privado (teniendo en cuenta el importante efecto de señalización de los salarios públicos)».
Empleo: los europeos usarán tres indicadores para medir la salud del mercado laboral: la tasa de empleo, el porcentaje de parados de larga duración y de desempleados juveniles. Para mejorar el sistema, los países del euro rebajarán los impuestos laborables sin mermar la recaudación.
Pensiones: los líderes de la eurozona también deberán presentar reformas para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones, del sistema de salud y otros programas sociales. Para ello, sugieren «alinear la edad efectiva de retiro con la esperanza de vida», así como usar incentivos para emplear a trabajadores en fase de retiro.
Impuestos: los Estados miembros se comprometen a reforzar la coordinación en materia de impuestos, con un intercambio de las mejores prácticas, para evitar prácticas «dañinas». Aunque la armonización del impuesto de sociedades queda en manos de la Comisión Europea, que presentará su propuesta la semana que viene, reconocen que «desarrollar un impuesto de sociedades común podría ser un paso adelante para asegurar la consistencia entre los sistemas impositivos nacionales».
Los 17 Gobiernos del euro deberán aportar en la cumbre del 24 de marzo la primera oleada de reformas. Fuentes españolas dijeron que no tienen intención de presentar nuevas medidas, sino «poner en valor» las ya adoptadas o en fase de negociación. Esa cumbre debe suponer la puntilla a la crisis del euro, para lo que se cerrará el paquete de gobernanza económica, verdadero instrumento para coordinar la política económica de la UE por introducir un sistema de control y castigo para el exceso de déficit, de deuda y vigilar otros indicadores.
Mecanismo de rescate
Sin embargo, Merkel consiguió ya ayer dejar la huella en los indicadores que servirán para medir los desequilibrios macroeconómicos y las reformas necesarias para corregirlos. A cambio, al cierre de esta edición, los países intentaban arrancar de la canciller un compromiso para respaldar la flexibilización de los mecanismos de rescate para que los 700.000 millones de euros disponibles se pudieran utilizar no sólo cuando un Estado miembro estuviera al borde del abismo, sino también para inyectar liquidez en un momento concreto o comprar deuda soberana del socio en apuros. Además, los europeos discutían la posibilidad de mejorar los plazos y los elevados intereses de los préstamos a Grecia e Irlanda (entre el 5% y el 6%).
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