Tribunal Supremo

El fiscal pide nuevas pruebas que arrojen luz o que se anule el juicio

El tribunal aplaza el inicio del proceso hasta el día 30

Martín Serón, ayer a la entrada del juicio
Martín Serón, ayer a la entrada del juiciolarazon

MÁLAGA-El fiscal del «caso Troya» Juan Calvo-Rubio pidió ayer al tribunal encargado de juzgar la trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande que cite a comparecer en calidad de testigo a peritos de la Consejería de Obras Públicas para determinar cuál era la normativa urbanística aplicable en la época en la que sucedieron los hechos que se investigan. Pericial que rechazaron las defensas de los acusados al considerar que no procede.
Éstas, que solicitaron por su parte la suspensión del juicio oral, mantuvieron que el Plan General de Ordenación Urbana no fue publicado hasta 2010, por lo que no estaba en vigor en el año en que se inició la investigación, 2006.
Por su parte, el representante del Ministerio Público sostuvo que «indudablemente haría falta un nuevo informe pericial que pueda arrojar luz» sobre si las licencias urbanísticas concedidas se basaron en el PGOU entonces vigente, por lo que planteó la nulidad del juicio y que se devuelva el procedimiento al juzgado instructor, si no se autoriza la prueba requerida.
Según el acusador, si las defensas «hubiera discutido antes» la normativa urbanística vigente «a lo mejor no estábamos aquí o, al menos, no con todos los delitos, porque podría ocurrir que la prevaricación urbanística no existiese o puede ocurrir que no exista el cohecho». En este punto admitió que la Fiscalía «retiraría la acusación sin el más mínimo problema», si así fuera necesario.
El letrado Carlos Larrañaga, defensor del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, mantuvo que «a día de hoy no sabemos de qué se está imputando a mi defendido» dentro de los 11 hechos que relata el ministerio público, por lo que solicitó la suspensión del juicio para que el fiscal reformule su escrito de acusación o devuelva la causa al juzgado de instrucción.El resto de defensas planteó en sus alegatos indefensión y vulneración de derechos constitucionales. Finalizadas las cuestiones previas el Tribunal de la Sección Octava de la Audiencia decidió aplazar el juicio hasta el día 30 para deliberar sobre las alegaciones.