Obediencia a los tribunales

La Generalitat catalana está dispuesta a prolongar la polémica lingüística hasta donde la ingeniería procesal le permita, algo que, por lo demás, es lo que ha ocurrido en las últimas tres décadas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional han sido favorables a que el castellano fuera lengua vehicular, pero a día de hoy el modelo de inmersión lingüística de Cataluña discrimina a los castellanohablantes sin atender a las resoluciones judiciales. Asistimos ahora a otro nuevo capítulo de una polémica endémica derivada de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dado dos meses al Ejecutivo nacionalista para equiparar el castellano y el catalán en el sistema educativo de la comunidad. El Tribunal apremiaba a la administración a cumplir una sentencia concluyente del Supremo que había sido desobedecida. El conflicto con la lengua en Cataluña afecta de lleno a fundamentos nucleares del Estado de Derecho, por lo que cuesta creer que en pleno siglo XXI se mantengan actitudes maximalistas y resistentes por parte de la mayoría de los políticos catalanes, a excepción del PP. Que ayer mismo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, asegurara, en tono desafiante, que, digan lo que digan los tribunales, se mantendrá el modelo de inmersión lingüística en las aulas es una respuesta antidemocrática e irracional. Homs, como el resto de la Generalitat, no puede desconocer que en un Estado democrático y de derecho el sometimiento a la Ley no es cuestionable y que las decisiones de los tribunales no son interpretables, sino que son de obligado cumplimiento. Nadie está por encima de la Ley, ni siquiera los nacionalistas. El recurso a la resolución del TSJC es legítimo, así como la defensa del modelo que entienden mejor para la sociedad, pero ir más allá es situarse en una posición de desobediencia que no es propia de políticos rigurosos. La polémica lingüística no tendría recorrido en ningún país de nuestro entorno. Los nacionalistas, que han instrumentalizado históricamente el catalán en favor de su estrategia, que no de los ciudadanos, han manejado como un dogma que los idiomas tienen derechos. No es así, los ciudadanos son sus titulares y, en este caso, los padres son los poseedores del derecho a elegir en qué lengua deben ser educados sus hijos. Y, mal que les pese a los nacionalistas radicales, la realidad es que el castellano es la lengua oficial del Estado y Cataluña es una parte de España. Ha causado también perplejidad cómo los políticos nacionalistas y socialistas se han lanzado en tromba contra el PP en este asunto con el falso victimismo y la retórica trasnochada habituales. Es evidente que toda esa sobreactuación contra los populares responde a un interés electoral. El PSOE y su candidato quieren pescar en este río revuelto con la esperanza de que el globo se hinche y la mayoría absoluta del PP se complique. Los populares no han aparcado ni la moderación ni el buen criterio en un debate que algunos quieren abordar de forma visceral. La posición del PP se ciñe al cumplimiento de las decisiones judiciales y al respeto al derecho constitucional de los padres. Una actitud equilibrada y, sobre todo, justa.