Rebelión autonómica contra los gastos de la Ley del Aborto

Madrid- De plato fuerte, aborto. Y de postre, algo de bancarrota combinada con un poco de tijeretazo. Éste es, en líneas generales, el menú con el que el Ministerio de Sanidad va a obsequiar hoy a los consejeros de Salud que irán al Consejo Interterritorial que se celebrará en Madrid. Un pleno tenso por el fuerte ajuste anunciado por el Gobierno. Y tenso también por el desarrollo por medio de dos decretos de la Ley del Aborto que el Gobierno presentará a las comunidades a un mes de su entrada en vigor.Aunque aparentemente inconexos, el tijeretazo y las normas que servirán para aplicar la interrupción voluntaria del embarazo han acabado ligados en la reunión de hoy. Según ha podido saber LA RAZÓN, el desarrollo que el departamento de Trinidad Jiménez pretende hacer de la Ley del Aborto ha suscitado un fuerte malestar en las comunidades. Malestar generado no sólo por cuestiones ideológicas. La ira de los servicios autonómicos de salud tiene esta vez un sesgo económico. Varios consejeros no entienden que, con el fuerte recorte que el Gobierno ha aplicado al sector, el Ministerio de Sanidad efectúe un desarrollo de la norma que implicará un notorio aumento del gasto para las arcas autonómicas. Es de destacar en este sentido el crecimiento de la burocracia que implicará el desarrollo de la norma –las mujeres que quieran abortar tendrán que recibir un sobre con información precisa sobre las ayudas públicas que existen para las embarazadas, entre otros datos–, el «castigo» que sufrirán los servicios de salud que no practiquen los abortos -tendrán que abonar la prestación en otro hospital de cualquier parte de España-, el coste en sí de las intervenciones y la financiación de los anticonceptivos, que quedarían equiparados a cualquier medicamento. El gasto se disparará en toda la Sanidad del país y los ejemplos lo corroboran. Canarias, por ejemplo, ha calculado que la entrada en vigor de la ley le supondrá un coste adicional de alrededor de cuatro millones de euros. De ahí el gran enfado de su consejera, la popular Mercedes Roldós.

Sin anticonceptivos baratosEl temor a que el Interterritorial de hoy se convierta en un escenario a nivel sanitario del agrio enfrentamiento que mantienen todos los partidos con el Gobierno ha llevado precisamente a la Secretaría General de Sanidad a idear una fórmula intermedia que aplaque los ánimos y permita desarrollar la ley en el plazo previsto. En concreto, Sanidad ejecutará una cláusula de la ley que permite aplazar durante un año la financiación de los anticonceptivos hormonales, con lo que estos no serán pagados con dinero público hasta, al menos, mediados de 2011, tal y como avanzó este periódico el pasado sábado.Una de las dos normas de desarrollo ha suscitado también un enorme enfado en algunas autonomías. Se trata de la que da casi libertad a las menores para abortar. La responsabilidad quedará casi exclusivamente en los médicos, que podrán recurrir, eso sí, a psicólogos para consultar.

ANÁLISISLos gobiernos regionales tendrán que poner dinero para liberalizar el aborto- ¿Qué coste tendrá la aplicación de la Ley del Aborto?–Aún es muy difícil calcularlo, pero lo que está claro es que no saldrá gratis, pues incluye nuevos «derechos». Por ejemplo, el aborto voluntario pasa a formar parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, así que toda mujer que lo solicite en las primeras 14 semanas de gestación tendrá derecho a abortar sin coste. Hasta ahora, la sanidad pública sólo se hacía cargo de abortos prescritos por los médicos a causa de malformaciones en el feto o en caso de un grave peligro para la salud de la gestante, y, aun en estos casos, la mayoría optaba por clínicas privadas.- ¿Qué otras disposiciones supondrán un gasto extra?–La nueva normativa también prevé financiar los anticonceptivos femeninos de base hormonal, algo que podría costar a las arcas públicas hasta 100 millones de euros al año. Sanidad, sin embargo, ha aplazado un año esta medida.- ¿Por qué las regiones tienen que asumir parte del gasto?–Las autonomías tienen competencias de gestión en Sanidad, por lo que soportarán gran parte del peso de la ley.