El PP pedirá amparo al Defensor por la «opacidad» en sus resoluciones

El Partido Popular tiene previsto pedir amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo –antes de que acabe el actual curso parlamentario o, como muy tarde, en septiembre–, debido precisamente a la «opacidad» que rodea a las resoluciones de la Oficina que dirige, según confirmó a LA RAZÓN la diputada de este grupo Rosalía Espinosa. La queja va en dos direcciones: primero, y principalmente, al Consejo de Gobierno, por no permitir el acceso a todas las que afectan a las distintas consejerías, que son numerosas. Y, en segundo lugar, al propio Defensor, al no propiciar la transparencia enviando trimestralmente a la oposición al menos las resoluciones más relevantes, tal y como reclamó la parlamentaria popular en el debate del Informe Anual que se desarrolló en la Cámara el pasado 26 de mayo. «Desde aquí le pido públicamente al Defensor del Pueblo que nos haga llegar él mismo las recomendaciones y sugerencias de su oficina a las distintas consejerías del Consejo de Gobierno, para que el Grupo Popular, que sí quiere, pueda trabajar en la solución de los problemas de los andaluces», recoge el Diario de Sesiones de la Cámara.El problema radica en que los grupos de la oposición –y los propios ciudadanos– tienen cortados los caminos para acceder a esta información. A diferencia de otros órganos de extracción parlamentaria como la Cámara de Cuentas o el Consejo Audiovisual, que sí publica todas las resoluciones en su página web, la Oficina del Defensor sólo lo hace en un porcentaje mínimo. De las 410 resoluciones emitidas el año pasado y etiquetadas en el informe anual como «más significativas», sólo aparecieron colgadas en el portal digital 17. Y en lo que va de año hay 14. Por otra parte, sólo algunas consejerías, como Medio Ambiente, Agricultura y Pesca o Gobernación y Justicia facilitan a la oposición «parte de las resoluciones», mientras que el resto o bien se remite a la página web –donde la publicación queda dicho que es testimonial– o se escudan en la Ley de Protección de Datos, un argumento que rechaza de plano el Partido Popular, señalando que a través del artículo 7 del Reglamento de la Cámara, por ejemplo, pueden acceder a cualquier tipo de información. La tercera vía con el paso vedado es el Informe Anual, ya que aparecen algunas de las resoluciones. No todas. Es cierto que hay resoluciones que han tenido una gran trascendencia mediática y que no han aparecido a través de ninguno de los tres caminos descritos. En ese caso es el afectado el que da publicidad por su propio interés. La cosa cambia, sin embargo, cuando el Defensor actúa de oficio y no existe un afectado individual. Entonces las resoluciones pasan a la fosa común. Un ejemplo es la emitida el pasado 6 de mayo, no hecha pública, y a la que ha podido acceder este periódico. El Defensor avisa de la vulneración de derechos fundamentales en la que incurre la Administración debido a que una Comisión de Selección para cubrir un puesto de psicólogo en la Oferta Pública de Empleo de 2009 estaba compuesta sólo por mujeres.¿Qué ha pasado con la queja por el «Caso Mari Luz»?La parlamentaria del PP Rosalía Espinosa argumenta que hay temas de «enorme trascendencial social que han pasado directamente al cajón», como la queja de oficio que abrió la Oficina del Defensor en 2008 para conocer qué ocurrió en el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, que no ejecutó la sentencia que hubiera evitado que Santiago del Valle estuviera en la calle el día que presuntamente asesinó a Mari Luz Cortés. «Llevamos dos años intentando saber qué ha pasado, pero ni siquiera tenemos conocimiento de si la queja finalmente se archivó o si sigue adelante o si hay alguna resolución al respecto que no hayamos conocido. Lo que queremos simplemente es conocer la información para realizar nuestra labor política, pero hay interés en ocultar los fallos que destapa el Defensor», argumenta la diputada del PP.