Mercasevilla confluye en la investigación de toda una «trama» de ERE

sevilla- Algunos lo veían venir y así ha sido finalmente: el «caso Mercasevilla» desemboca en una investigación más amplia en torno a una presunta «trama que tendría como objeto la utilización fraudulenta de expedientes de regulación de empleo (ERE)», mediante la suscripción de «pólizas de rentas colectivas cuya prima era sufragada en su mayor parte por la Junta de Andalucía».
Al igual que la Policía Judicial, la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, detecta indicios de delito en el mismo «procedimiento administrativo» empleado por el Gobierno autonómico para la gestión de las prejubilaciones y sus retribuciones económicas y, por supuesto, en el hecho de que personas ajenas a las firmas afectadas aparezcan como beneficiarias en sus ERE.
En un auto emitido el pasado 19 de enero y al que ha tenido acceso LA RAZÓN de Sevilla, la magistrada apunta a la intervención de las propias empresas y las «personas físicas y entidades que actuaron como intermediarios», siempre «con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral». O sea, de alguien en la propia Junta.
La juez Alaya sospecha que, en el marco de esta «trama», pudieron cometerse, al menos, delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, así que resuelve el inicio de otras dos causas separadas: una sobre las prejubilaciones de Mercasevilla en 2003 y 2007 y otra sobre las regulaciones laborales en el restaurante Río Grande y la firma textil Hitemasa.
La instructora hace suyas las conclusiones del informe de la Policía Judicial, que identifica a múltiples «actores» con muy diferente grado de intervención en el entramado investigado. De parte de la Junta, se cita al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez y al dimitido delegado provincial de Empleo Antonio Rivas.
También aparecen los nombres de los encausados Fernando Mellet, ex gerente del mercado central, y Daniel Ponce, su adjunto. Los agentes también otorgan un papel fundamental, como «intermediarios», al comercial de Vitalia Francisco González –socio de Hermes Consulting, primera asesora de los ERE de Mercasevilla– y, sobre todo, al exsindicalista Juan Lanzas, «negociador» entre las sociedades afectadas y la Junta, cuñado de Ismael Sierra, administrador de Maginae Solutions –segunda firma que participó en las regulaciones laborales del mercado central– y prejubilado en Hitemasa sin trabajar en esta firma.
Aparte se cuenta al exdirigente de la ejecutiva del PSOE de Baeza Antonio Garrido Santoyo, integrado en el ERE de 2007 en Mercasevilla sin poner un pie en sus instalaciones, y Carmen Fontela, ajena a la sociedad municipalizada, incluida en su regulación laboral de 2003 y retirada anticipadamente de Río Grande sin haber trabajado tampoco en el restaurante.
La Policía Judicial se remonta a «la llegada de Mellet a Mercasevilla» para fijar el inicio de «irregularidades de todo tipo» en la institución. Paralelamente, subraya que con Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo de la Junta comenzó el sistema de ayudas económicas a las prejubilaciones mediante un «convenio o protocolo» con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)–después Agencia IDEA– que, para los investigadores, implica un «incumplimiento flagrante» de la ley andaluza de Hacienda Pública, ya que las subvenciones directas del ente autónomo eluden «los controles» públicos y no se publican en el BOJA.
El «modus operandi» identificado arranca con un acuerdo entre empresa y trabajadores para iniciar un ERE, y con la intervención de un «mediador» entre la plantilla y la dirección y con la Junta –Juan Lanzas–, junto a un «broker» –Francisco González a través de Vitalia o Uniter SL– que trasladaban las relaciones de beneficiarios a las aseguradoras y a la Dirección General de Trabajo para la «aprobación de las partidas». En esta fase es cuando «se introduce a personas ajenas a la empresa».
El informe policial señala que como mínimo los 186.000 euros cobrados por Hermes Consulting y Maginae Solutions ocultarían «comisiones» para los «intermediarios». Carmen Fontela «no percibió cantidad alguna», y Lanzas y González «se repartieron» sus retribuciones en Mercasevilla y Río Grande. La misma suerte pudo correr parte del dinero de Garrido Santoyo, aunque su aparición está más clara: el directivo de Vitalia Antonio José Albarracín acusa a Mellet de «colarle» por un «compromiso ineludible».