Sindicalismo totalitario por Gonzalo Guijarro

Hace ya año y medio que se celebraron las últimas elecciones sindicales. Unas elecciones sindicales en las que Comisiones Obreras y UGT fueron prácticamente barridas de la Mesa General de la Función Pública y en las que alcanzaron representación en la Mesa sindicatos independientes como los que integran la federación FASPI o la federación FSES. Sin embargo, la Junta de Andalucía todavía no ha constituido la nueva Mesa General fruto de esas elecciones, y se obstina en convocar la anterior, negándose a aceptar unos resultados electorales que, al parecer, no les convienen. Y es necesario precisar que en esas reuniones de la Mesa General se negociaba nada menos que la aplicación de unos recortes que han acabado recayendo fundamentalmente sobre los sueldos de los funcionarios. Al parecer, a la Junta de Andalucía le resulta mucho más cómodo fingir que los sindicatos que generosamente subvenciona siguen siendo los representantes de sus funcionarios, aunque esos mismos funcionarios no los hayan votado. Comisiones y UGT, por su parte, también se muestran encantados de esas preferencias de la patronal y acuden presurosos a las reuniones de una mesa de negociación fantasmal en la que legalmente carecen de representación. Incluso han escenificado un airado levantarse de la mesa ante la cerrazón de esos mismos que los financian y les otorgan ilegalmente una representatividad de la que carecen. Las subvenciones es lo que tienen, generan un dócil sindicalismo vertical dispuesto a representar cualquier astracanada con tal de no apearse del sillón. Ante tan escandalosa situación, la federaciones FASPI y FSES han protestado por escrito y han anunciado una querella penal contra Manuel Alcaide, secretario general de la Función Pública, como responsable directo del antidemocrático atropello. Pero todos conocemos la celeridad de nuestra justicia.

Ahora, permítanme algunas preguntas. ¿Se imaginan la que armarían Comisiones y UGT de ser ellos los excluidos pese a haber sido mayoritariamente votados? ¿Cabe algo más clamorosamente antidemocrático que negarse a aceptar el resultado de unas elecciones? ¿Por qué motivos continúa la Junta de Andalucía subvencionando con desaforada generosidad a unos sindicatos que han perdido su representatividad en la función pública, al tiempo que les rebaja el sueldo a sus funcionarios? Como creo que las dos primeras se responden solas, me centraré en la respuesta a la tercera. Los sindicatos que fueron barridos de la Mesa General de la función pública en las últimas elecciones forman parte del entramado de carácter claramente totalitario que ha ido creando el partido en el poder desde hace más de treinta años. Gracias al largo silencio cómplice de esos sindicatos, la Junta ha podido llevar adelante unas políticas en Educación, Sanidad y Administración Pública que han desvirtuado sistemáticamente esos servicios, colonizando cualquier cargo de una mínima responsabilidad con afiliados al partido y desviando las decisiones importantes a esa multitud de agencias, empresas públicas y observatorios que constituyen una verdadera administración paralela y opaca, que escapa a los controles democráticos. Una administración paralela que no es en absoluto ajena al escándalo de los EREs y contra la que los jueces han dictado ya numerosas sentencias que la declaran ilegal. Unas sentencias que la Junta de Andalucía también se niega a cumplir, lo que constituye otra buena muestra de que el partido que la ocupa ha emprendido una clara deriva dictatorial con la ayuda de ciertos sindicatos.

Gonzalo Guijarro
es asociado de APIA, integrada en FASPI