Ruina autonómica

Las autonomías están como el país, pero peor. Sus únicos ingresos proceden de lo que les traspasa el Estado, con la particularidad de que el Estado ahora paga menos, tarde y mal. Si tenemos en cuenta que las comunidades ya de por si se metieron en una dinámica de gasto desbocado muy por encima de sus posibilidades, el resultado es el que es vemos. O sea, ruina. Hay gobiernos regionales que dicen abiertamente que quieren devolver competencias y otros que no saben qué hacer para pagar las nóminas. El caos es llamativo, y algo habrá que hacer para solventarlo. La solución no es decirle a Cataluña que se puede endeudar más y a las demás que no. El agravio es evidente y tienen razón los que protestan. El problema de fondo está en el café para todos. Hicimos un Estado ingobernable cuando no había necesidad alguna de 17 autonomías con 17 parlamentos, 17 gobiernos y todo multiplicado por 17.
Autonomía «política» sólo se debió dar a Cataluña y el País Vasco, que era donde había necesidad, y en los demás territorios hacer una descentralización administrativa amplia pero dependiente del Gobierno central. Así hubiéramos garantizado el mercado único y la unidad de acción, y no esta babel en la que cada cual habla un lenguaje distinto, con normas y bases diferentes. La cuestión es que hay un escenario caótico sobre el que convendría actuar cuanto antes, y lo que es peor, una situación insostenible de las finanzas con amenaza de quiebra. Permitir que se sigan endeudando puede ser útil coyunturalmente, pero no es solución, pues sólo servirá para agravar la situación.

La única solución se llama austeridad. Cataluña nunca debió llegar a los actuales niveles de déficit y deuda. Lo ha hecho porque desde los tiempos de Pujol se han dedicado a vivir a lo grande financiando servicios que actualmente ni los Estados se pueden permitir. No sólo por las embajadas, que también. Es la filosofía. El hecho de acumular radios y TV autonómicas, empresas públicas para cualquier actividad, subvenciones millonarias para organizaciones identitarias, independentistas, pancatalanistas o soberanistas. Ahora hemos sabido que el coste de prohibir los toros le va a suponer a la Generalitat el desembolso de 300 millones de euros. El chocolate del loro, se dirá. De acuerdo. Pero es que son «pequeñas» cantidades que al final suman una gran cantidad. Y lo que es peor, en muchos casos se está detrayendo dinero en principio destinado a pagar la Sanidad y la Educación para hacer este tipo de políticas expansionistas, o para «fer naçió», en terminología de Pujol.

Las autonomías han de tener la financiación que les corresponda y sea justa. Pero a partir de ahí deben tener sus cuentas saneadas con techos máximos de gasto y límites al déficit. Si para sanear han de vender solares o edificios, que lo hagan. Si tienen que devolver competencias, que lo pidan. Si han de privatizar empresas, que se pongan a ello. Pero lo que no pueden ni Europa ni España ni nadie es seguir financiando el actual desmadre.