Aguirre elimina 102 entes regionales y aprueba el recorte de liberados

Sobre la mesa se debatían varios asuntos sensibles que, finalmente, serán aprobados dentro de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. De todos ellos los más polémicos son los referidos a la supresión y fusión de hasta 102 entidades públicas y órganos colegiados y la aplicación de la Ley de Libertad Sindical en los trabajadores que están empleados a tiempo completo para los sindicatos desde sus puestos en la administración regional.

Sobre el primero de estos asuntos, el recorte de empresas públicas, la presidenta regional indicó que supondrá un ahorro de 1.730 millones de euros y que, en ningún caso, esta medida afectará a los empleados de las empresas afectadas. Según los cálculos del Ejecutivo de Aguirre, 24 directivos perderán su puesto de trabajo en las 19 entidades públicas y 83 órganos consultivos que prevé eliminar. La reducción de entes públicos será del 28 por ciento. Entre las sociedades de titularidad pública afectadas están, entre otras, Campus de la Justicia, Aeropuertos de Madrid, Turismo Madrid o el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).

La Comunidad ha dedicido la enajenación de su participación en cuatro sociedades públicas mercantiles: Promomadrid, el Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá y Gedesma. Asimismo, elimina 76 órganos colegiados, la mayoría de carácter consultivo, dos órganos administrativos, otros dos de capital-riesgo, así como dos consorcios y una empresa mercantil, que supondrá, todo ello, un ahorro de 23 millones.

En Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno se extingue el Consejo de la Juventud, y se disuelve Alcalá Natura 21. Por otra parte, la empresa pública Hidroser, Servicios Integrales del Agua, se fusiona con Canal Extensia. En lo referente a Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se extinguen el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña y el Instituto Madrileño de Administración Pública, integrándose el conjunto de sus bienes, competencias y personal en la Consejería. De la misma manera se disolverá la Sociedad Campus de la Justicia. En la Consejería de Economía y Hacienda se extingue el ente público Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), y sus competencias se integran en diferentes unidades administrativas de la Comunidad. También se disuelve Turismo de Madrid, el Mercado Puerta de Toledo, S.A., el Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca y la Agencia Financiera de Madrid.

Por otra parte, se pondrá a disposición de la iniciativa privada la totalidad de la participación de la Comunidad en el capital social del Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá, Promomadrid, el Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, Capital Riesgo Madrid, Inicap y Cemesa.

En la Consejería de Transportes e Infraestructuras se integra Aeropuertos de Madrid en la empresa pública MINTRA. En la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se procederá a fusionar, en una nueva empresa, las actuales sociedades mercantiles Arpegio, Invicam y Tres Cantos S.A. y se enajenará la participación de la Comunidad de Madrid en Gedesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid). En el área de Sanidad, se extingue el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, que se integra en el Servicio Madrileño de Salud. Además, se integra al Defensor del Paciente en la Dirección General de Atención al Paciente. Por último, se extinguen el Consejo de la Mujer y el Instituto Regional de Cualificaciones Profesionales, dependientes de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración.

De 75 a 40 horas «liberadas»
Con respecto a los liberados sindicales, el proyecto de Ley lo que planea es la elaboración de un registro de personal en que se detallarán las horas de trabajo y las actividades en las que las ocupan los delegados sindicales. Asimismo la Comunidad quiere garantizar el cumplimiento de la Ley de Libertad Sindical estatal reduciendo de 75 a 40 las horas para esta actividad en la administración. En el plazo que resta aún para que la iniciativa, que no cuenta con el respaldo de los representantes sindicales, entre en vigor Comunidad y sindicatos continuarán manteniendo reuniones para consensuar los detalles de esta disposición que, según la presidenta, ya ven con buenos ojos «las grandes áreas de sanidad y educación, básicamente». «Si la comunidad tiene x número de funcionarios y personal para prestar los servicios de sanidad, educación, transporte y servicios sociales, no estamos en disposición de que 3.000 de esos señores pagados por el contribuyente, no vengan a trabajar», sostuvo Aguirre tras la reunión de su Ejecutivo.

Además la Ley de Acompañamiento a los presupuestos incluye otras disposiciones de carácter meramente fiscal. La Comunidad mantendrá la deducción por compra de vivienda que ha suprimido el Gobierno de Zapatero, elevan el límite de renta para acceder a deducciones de gastos educativos a 30.000 euros por miembro de la unidad familiar y prorroga la deducción de 1.000 euros y la moratoria del pago de tasas municipales para jóvenes emprendedores, entre otras.

Ahora todas estas disposiciones serán estudiadas por el Consejo Económico y Social que tendrá que dar su dictamen en sólo una semana a petición del Gobierno regional. Posteriormente, el proyecto de Ley se remitirá a la Cámara autonómica para su debate y aprobación.