Ahora le toca a Zapatero

Si hasta hoy la atención y la ira de los españoles, suscitadas por el caos aéreo, se han centrado en los controladores, a partir de ahora la carga de la prueba pasa al Gobierno. Ha quedado meridianamente claro que los técnicos de vuelo cometieron muy graves irresponsabilidades; ahora le toca al Ejecutivo demostrar que ha gestionado correctamente la crisis, que no ha incurrido en abuso de poder y que no ha manipulado la legislación para dar cobertura a sus decisiones. Será el presidente Zapatero, hasta ahora apartado en un segundo plano de forma premeditada, el que tendrá que explicar hoy en el Congreso los motivos, las bases jurídicas y las garantías constitucionales en los que se apoyó para militarizar, primero, la gestión del tráfico aéreo y declarar, después, el Estado de Alerta. Porque no está nada claro que se haya empleado adecuadamente ese mecanismo que la Constitución y la Ley Orgánica de 1981 ponen a disposición de los poderes públicos para hacer frente a catástrofes naturales, crisis sanitarias o severo desabastecimiento de productos básicos. Pero lo que sucedió el viernes y el sábado pasados fue un conflicto laboral que no parece encajar en los supuestos previstos para un Estado de Alarma. Tampoco parece ajustarse a derecho la militarización de los controladores, sólo aceptable constitucionalmente en Estado de Sitio. He aquí, por tanto, el núcleo sobre el que debería girar hoy el debate parlamentario. Una cosa es que el Gobierno haya actuado con eficacia para restablecer el tráfico aéreo en el menor tiempo posible y otra bien distinta que para lograrlo haya utilizado herramientas inapropiadas o que haya vulnerado la ley, lo cual no sólo acarrearía el quebranto de la legalidad, sino que también podría invalidar los expedientes judiciales abiertos a los controladores. Ni que decir tiene que además se pondría en marcha la reclamación de indemnizaciones astronómicas por parte de los técnicos. En suma, en el debate de hoy cabe esperar del Gobierno que informe con escrupulosa transparencia y del PP que no renuncie a esclarecer hasta la última sombra de duda. El líder popular ha actuado con responsabilidad y sentido de Estado al apoyar el restablecimiento de la normalidad rehusando la pugna partidista. No obstante, una vez alcanzado el objetivo primordial, es obligado que Rajoy someta la actuación gubernamental a la prueba de la legalidad y de los derechos constitucionales. Pero esto no es todo. Queda pendiente saber si el Gobierno planteará la prórroga del Estado de Alarma para garantizarse unas vacaciones navideñas sin sobresaltos en los cielos. Sería rechazable que así fuera. El ministro de Fomento, el otro gran protagonista de esta grave situación, tiene el deber de resolver el conflicto laboral sin abusar de métodos tan extraordinarios y lesivos para la normalidad democrática como la militarización y el Estado de Alarma. Ningún gobierno decente encubre su ineficacia prolongando unas medidas legales reservadas a casos muy excepcionales, porque es tanto como devaluar la normalidad democrática y primar las medidas autoritarias. Y estamos hablando de una negociación sindical y laboral que debe resolverse por los cauces que le son propios.