Jueces pancarteros por José Luis Requero

Ignoro si hay alguna definición y, de haberla, pacífica, sobre lo que es la sociedad civil. Prefiero describirla como la formada, ante todo, por ciudadanos, sin catalogar en consumidores, contribuyentes o votantes; ciudadanos informados, con espíritu crítico, libres para elegir, comprometidos en lo público con un Estado al servicio de todos o con palabras de Clint Eastwood en la pasada campaña electoral americana: unos ciudadanos capaces de decir «el país es nuestro, los políticos son nuestros empleados». Hay más ingredientes, pero de momento vale.
Es vital –no necesario ni deseable– que aflore esa sociedad civil. Nuestro sistema político se agrieta, con instituciones cada vez más cuestionadas, desde las más altas a las más cercanas; desde órganos constitucionales hasta partidos y sindicatos. Por eso es chocante que cuando, por ejemplo, los sindicatos están más desprestigiados que nunca, las asociaciones judiciales se sindicalicen. Están fuera de tiempo y renuncian a tener voz en esa sociedad civil. Pero estos desfases no son nuevos: un concepto cuestionado desde hace tiempo –el de servicio público– adquiere pujanza en boca de los jueces, que afirman que la Justicia lo es. Ciertamente la aportación judicial al debate de los desahucios invita a pensar lo contrario, pero ahora hablo de las asociaciones judiciales.
Durante décadas la Asociación Profesional de la Magistratura, con diferencia la mayoritaria, ha sido un anticipo de esa sociedad civil que empieza a aflorar. En soledad y durante años frente a un poder político totalizante, defendió una Justicia independiente, despolitizada, de jueces profesionales, no ideologizados ni sindicalizados. Su voz era oída para entender qué es el Estado de Derecho o la separación de poderes. Insisto: desde la soledad. Cuando en los años de Aznar se la quiso involucrar en movimientos asamblearios –suelen surgir cuando no gobierna la izquierda–, la APM dijo que no. El 15-M o el 25-M no es algo novedoso en la Justicia; en esto si que ha sido precursora.
Hoy por hoy las asociaciones judiciales no están ni se les espera en esa empresa regeneradora, en ese discurso que va cuajando en la sociedad civil. Es desalentador que cuando los más variados grupos ciudadanos y profesionales están planteándose qué pueden aportar para regenerar el sistema político y constitucional –quieren ser y construir sociedad civil– los jueces están a lo que están: trasladan la idea de que su discurso es reivindicar días de permiso.
Y es que vivimos la herencia de la política judicial de la izquierda: para eso ha gobernado veintiuno de los treinta y cuatro años desde 1978. Su agenda ideológica quiere una Justicia supeditada al poder político, repudia la excelencia, la calidad, ha optado por la masificación de la judicatura con sus secuelas: funcionarialización y proletarización. La APM no dejó de oponerse a esa política, ni de insistir ante la miopía política conservadora que tras las necesarias mejoras profesionales del juez hay algo más que reivindicaciones laborales: son la garantía de una justicia de calidad, presidida por la excelencia. Ahí no tiene sitio el juez activista, el funcionario radicalizado. Pero esto no se ha valorado ni se ha entendido.
A la vista de los frutos de esa agenda ideológica parece que vivimos el fin de la historia. Con una Justicia en la que los propios jueces dicen que es un servicio público más, habrá huelgas, concentraciones y unos líderes emergentes encantados. Una trampa para elefantes.A cambio el poder político tiene una buena excusa para negarles la posibilidad de elegir a sus gobernantes; además esa judicatura podrá ser revoltosa, incluso chillona, pero el todopoderoso poder político siempre podrá o controlarla o arrojarla a una opinión pública que verá en los jueces quejumbrosos funcionarios privilegiados.
Al final esa agenda ideológica atrae a todos: en lo judicial a unas asociaciones despersonalizadas que van de sindicalistas aprendices. Suicidarse es voluntario. Y en lo político a quien ahora gobierna: esa agenda de la izquierda le da prepotencia. Olvida que de nada vale legislar si las leyes no se interpretan con sensatez. Con renuncia a principios, a promesas y mucha miopía, su desdén acabará fomentando un juez propicio al radicalismo. Confío que, al menos, la APM reaccione: tiene una tradición que le permite retomar un camino que le ha dado prestigio y autoridad.