Holanda y Finlandia ponen trabas a la ayuda a España

BRUSELAS- Aunque el optimismo había prendido en todo el continente después de la cumbre celebrada en Bruselas a finales de la semana pasada, poco han tardado en volver los sobresaltos. El viernes las conclusiones del encuentro eran acordadas por unanimidad por los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro, pero ahora Finlandia y Países Bajos parecen renegar su palabra.

Ambos países aseguraron ayer que están dispuestos a bloquear la posibilidad recogida en el Consejo Europeo de que el fondo de rescate permanente, el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), pueda adquirir deuda soberana de la zona euro en los mercados secundarios. Según lo pactado en la noche del 28 de junio, las reglas para la compra de bonos soberanos por parte del fondo –al estilo de lo que ha hecho en alguna ocasión el Banco Central Europeo– se flexibilizarían si un Estado miembro pide activar esta opción con el fin de estabilizar su deuda, sin que tenga que someterse a un plan de ajuste adicional ni un control suplementario por parte de las autoridades de Bruselas.

Esta opción, defendida con ahínco por el presidente de España, Mariano Rajoy, y su colega italiano, Mario Monti, era uno de los principales logros para los países que están siendo atacados con más vehemencia por los mercados en los últimos meses, y una vía fácil para acabar rápidamente con la crisis de la deuda.

Sin embargo, y a la espera de la reunión de ministros de Economía de la eurozona del 9 de julio, llamados a clarificar los detalles del acuerdo alcanzado por los líderes, los ministros finlandés y holandés de Finanzas han asegurado que no están dispuestos a este tipo de medidas porque sería una forma «ineficiente de estabilizar los mercados», según Helsinki. «El primer ministro dijo el viernes que no está a favor de comprar bonos», añadió el portavoz del ministro de Finanzas holandés, Niels Redeker.

 Sin embargo, ¿pueden realmente llevar a cabo algo así sólo dos países? En teoría, según el tratado por el que se regula el MEDE, este tipo de cambios en las reglas requieren unanimidad de los estados miembros. Sin embargo, también se prevé que, en caso de urgencia económica, sólo pueda vetar un conjunto de países que sumen más del 15% de los votos, cosa que no se cumple sumando a Holanda y Finlandia. «Se utilizará un procedimiento de votación de urgencia cuando la Comisión y el BCE concluyan que la no adopción de forma urgente de una decisión para conceder o aplicar una asistencia financiera (...) amenazaría la sostenibilidad económica y financiera de la zona del euro», señala el texto.

En este caso, la decisión de activar el fondo de rescate «requerirá una mayoría cualificada del 85% de los votos expresados», con lo que Finlandia y Países Bajos no podrán bloquear la compra de bonos de España e Italia por parte del fondo de rescate permanente si la Comisión y el Banco Central Europeo dictaminan, de manera conjunta, que se trata de una situación de urgencia porque sólo suman el 7,5% de los votos.

Recapitalización directa
Por otra parte, la Comisión Europea aclaró que otro de los acuerdos de la cumbre de Bruselas no requerirá nuevos procedimientos ni cambios en el tratado del fondo de rescate. En concreto, no será necesario cambiarlo para llevar a cabo la recapitalización directa de la banca española, sino que bastará con una decisión unánime de los países de la eurozona.

La recapitalización directa sólo requiere una «decisión normal» del consejo de gobernadores del fondo, donde están representados los países de la eurozona, para añadir nuevos instrumentos de asistencia financiera a los ya previstos, explicó el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor. Eso sí, las modificaciones deberán ser ratificadas en los parlamentos de algunos países, como por ejemplo, Alemania.

O'Connor también declaró que la Comisión está dispuesta a determinar «en los próximos días» las condiciones exactas de la ayuda, de hasta 100.000 millones de euros, que recibirá España para sanear sus bancos, y recordó que una misión de técnicos de la CE se encuentra en Madrid para discutir con las autoridades españolas los términos del acuerdo, junto a representantes del Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea y el FMI