Patronal y padres católicos piden una «factura sombra» de la educación

Precisamente eso es lo que quiere hacer ver la asociación de padres católicos, Concapa, y la patronal de los centros privados y concertados CECE. Por eso proponen que con el boletín de calificaciones del curso se adjunte una nota con el detalle de lo que supone al Estado el gasto en la educación de cada alumno. Es lo que se conoce como «factura sombra», que se recomienda hacer ya en el ámbito sanitario para que los ciudadanos sean conscientes del importante esfuerzo económico que supone la atención sanitaria de cada paciente.

«No es un regalo»
La CECE cree que «es necesario que la ciudadanía conozca el coste real del puesto escolar de cada niño o joven español». Entre otras cosas porque «podrían ver claramente un destino fundamental de sus impuestos, a la vez que quedaría claro que la educación no es un regalo generoso de las administraciones, sino un derecho personal que tiene el ciudadano español».

La CECE, que agrupa a 6.000 centros educativos de la concertada y la privada cree, además, que esta iniciativa «podría servir de estímulo para el trabajo de los estudiantes y sus familias al tener conciencia del esfuerzo social que comporta la educación de cada español».

Los padres católicos aportan argumentos similares y añaden que la medida «contribuirá a la transparencia de la gestión del centro». Y no sólo eso, servirá para que exista una «mayor valoración por los alumnos del servicio educativo, así como del material escolar y del centro». Más aún, considera que las asociaciones de padres deben disponer de estos datos para que puedan informar a sus representados.

Pero sobre todo es importante que se disponga de esta información porque «quedará patente, en el caso de los centros concertados, que los módulos del concierto son insuficientes para cubrir el coste real de la educación con lo que, a la postre, se incumple el mandato constitucional de procurar enseñanza gratuita para todos».

Desglose de conceptos
Concapa ya ha pensado dirigir una carta al ministro de Educación, a los representantes de los grupos parlamentarios y a los presidentes de las comunidades autónomas para pedirles que «contribuyan al aumento de la transparencia en la gestión de los servicios educativos» y emitan las «facturas sombra». En ellas quieren que se desglosen todos los conceptos y se ofrezca el importe resultante.