Intxaurraga también tuvo permiso para una exposición canina

En la resolución de la sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se le autorizaba a que dicha procesada «salga del territorio nacional», los días 23, 24 y 25 de abril, para que pudiese trasladarse a Roiffe (Francia) «a fin de asistir a una exposición canina», después de recibir y analizar los informes del Ministerio Fiscal y de las acusaciones populares, Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, «solicitando que no se autorice la salida solicitada». La Sala, además de mantener las comparecencias periódicas a las que estaba obligada Intxaurraga, le imponía que comunicase su regreso el día 26, lo que así sucedió.

En la solicitud realizada por la representación de Jaione Intxaurraga –acusada de ser la responsable de tesorería de Batasuna en Navarra y para quien el fiscal pide ocho años de cárcel –, además de la pertinente petición para salir de España, se adjuntaba la inscripción de sus perros para asistir a tal evento canino.

Denegado un permiso similar
En concreto, según consta en las actuaciones, inscribió a tres de sus canes, reflejándose en cada caso los nombres, la raza y sexo, la edad de nacimiento de los perros, la identidad de los padres y los números de identificación.

Las dos acciones populares esgrimieron la gravedad la gravedad de las acusaciones que afronta la imputada y a las penas que llevan aparejadas los delitos que se le imputan. Además, Dignidad y Justicia esgrimía que el pasado mes de enero la Sala «ya le negó un permiso similar» meses antes, en concreto, el 7 de enero.

Esta última asociación resaltaba los hechos más relevantes recogidos en el auto de procesamiento dictado por el juez Baltasar Garzón el 26 de marzo de 2005 respecto a Intxaurraga. Así, destacaba cómo «pertenecía al área de tesorería de Batasuna en la provincia de Navarra» y desarrollaba su actividad profesional en la sede municipal de Euskal Herritarrok de Pamplona.

Entre los meses de marzo y julio de 1999 percibió, en concepto de nómina, 12.000 euros, a través de la cuenta de la que era titular esa formación, ilegalizada por considerarse sucesora de Batasuna. Esa misma cuenta reflejaba que Intxaurraga recibió ingresos provenientes del Parlamento vasco, «por las funciones que realiza para institución como administrativa», cuando en la Cámara de Vitoria había diputados del PCTV.

 También señalaba el juez en la citada resolución que Intxaurraga recibía «instrucciones del tesorero nacional de Batasuna, Jon Gorrotxategi» y gestionaba las cuentas locales de los distintos municipios de Batasuna en Navarra, «impartiendo las instrucciones oportunas sobre la operativa bancaria». Existen indicios, según el auto de procesamiento, de que Jaione Intxaurraga asesoraba a los responsables de los establecimientos que se integran en la red de asociaciones que constituyen las herriko tabernas de Batasuna, función que compartía con el entonces tesorero nacional de la formación ilegalizada.

En este sentido, «informaba al responsable nacional de herrikos de las incidencias y problemas internos de las herrikos de su demarcación territorial, así como de la problemática surgida con el suministro de los distintos proveedores».