El Consell exigirá responsabilidades penales para la ministra de Cultura

Valencia-El Gobierno valenciano decidió ayer iniciar acciones judiciales contra la ministra de Cultura, María Ángeles González Sinde, por la Orden que paralizó las obras del Cabanyal. Este acuerdo se aprobó en el pleno del Consell, después de que un informe de un experto catedrático en Derecho Administrativo indicara que la Orden Ministerial es «irrazonable y arbitraria» y que «persigue claramente un fin torcido».
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Paula Sánchez de León, indicó que el acuerdo también autoriza a iniciar acciones contra las personas que pudieran ser responsables de una actividad delictiva derivada de la citada normativa.
Respecto a las propuestas de recorte de los altos cargos anunciadas por el PP, la consellera señaló que «el Gobierno de Francisco Camps asumirá cualquier medida de ajuste con total normalidad». No quiso precisar el momento en que se llevarán a cabo los cambios, pero sí aseguró que, a cuatro meses de la cita electoral, «no es el momento de alterar la dinámica de funcionamiento del Ejecutivo».
En relación con las políticas de austeridad, la consellera también hizo referencia a los ajustes de RTVV que anunció el conseller Blasco, y precisó que «no se ha hablado de despidos en ningún momento, si bien se trata de un momento difícil que exige la revisión de ciertas instituciones para llevar a cabo el ajuste económico necesario».
Siguiendo esta línea de ajustes, explicó el acuerdo al que han llegado con el Gobierno central para establecer un protocolo electoral que regule el gasto de los próximos comicios. Dicho acuerdo contempla la cesión gratuita por parte del Estado de todo el material que se usará en la cita electoral del 22 de mayo.
Asimismo, señaló que este acuerdo pretende «no duplicar esfuerzos ni gastos», aunque aseguró que «el verdadero ahorro, un total de cinco millones de euros, se produciría con el adelanto de las elecciones nacionales para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales».
Sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Senado, afirmó que le parece una medida «improcedente e insensata desde el punto de vista económico y político» y que «se trata de una muestra más de la insensatez del Gobierno de Zapatero, que convierte un elemento de cohesión como es la lengua, en un arma de confrontación y conflicto».

Camps y Alarte ,¿habrá debate?
Si habrá o no debate entre Camps y Alarte es una cuestión que parece interesarle más al candidato socialista que al presidente de la Generalitat. Así lo aseguró ayer la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, quien afirmó que «Alarte debe resolver sus problemas de liderazgo por sí mismo sin usar a otras personas, y menos al presidente». El cara a cara entre los líderes políticos está pendiente de la firma de un acuerdo previo entre los gabinetes de ambos candidatos.