La Junta encarga dos informes para defender a Griñán ante el cerco de la juez

SEVILLA-La consejera de Presidencia, Mar Moreno, en una comparecencia estudiada y medida al milímetro, trató ayer de levantar un dique de contención para salvar de las responsabilidades políticas en la trama de los ERE fraudulentos a los miembros del Consejo de Gobierno y especialmente a José Antonio Griñán, presidente de la Junta y consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. Esta última responsabilidad del ahora máximo mandatario andaluz es la que ha propiciado claras acusaciones del Partido Popular, que en más de una ocasión lo ha tildado de permitir y tapar las irregularidades. La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, sigue pidiendo información que afecta a Griñán y desde un principio dejó claro en sus pesquisas que perseguía un posible delito de prevaricación. Es decir, que el entonces consejero de Economía y Hacienda pudiera haber permitido, a sabiendas, un procedimiento administrativo que a todas luces era irregular, tal y como se recoge en los reiterados informes de la Intervención General.

Ante el cerco, el Gobierno andaluz se blinda. Griñán dijo recientemente que es imposible que la juez lo impute. Mar Moreno insistió ayer en que «entre los responsables, ni de lejos, ni por casualidad, a ocho kilómetros luz, estará el presidnte de la Junta». La «número dos» del Ejecutivo detalló tres «trampas procesales» que el PP ha utilizado sin poder, en su opinión, involucrar al presidente andaluz. Una maniobra con la que está «inundando el juzgado con miles de documentos que nada tienen que ver con la causa principal».

La titular de Presidencia se centró en las modificaciones presupuestarias de la partida 31L, el denominado «fondo de reptiles», elevadas al Consejo de Gobierno, algunas de ellas a petición del propio Griñán, lo que llevó en su día al PP a involucrarle en la trama y a la juez Alaya a pedir certificaciones de acuerdos, en un auto de mediados de julio. La Junta envió el martes al juzgado que investiga el caso un escrito de los servicios jurídicos, apoyado con dos informes técnicos del interventor general de Hacienda y de la dirección general de Presupuestos –fechados el 19 y el 20 de diciembre respectivamente–, además de 13 modificaciones presupuestarias de las consejerías de Empleo e Innovación que contaron con los informes favorables de la Intervención General. El objetivo: deslindar el trámite presupuestario y las modificaciones elevadas al Consejo de Gobierno de la gestión fraudulenta de las ayudas o subvenciones. Citó Moreno un extracto del informe jurídico, aunque se negó a entregarlo en su totalidad: «Ni el Parlamento, que es el que aprueba el Presupuesto, ni la Administración, que es la que realiza las modificaciones, pueden prever que el presupuesto vaya a ser ejecutado a través de gastos presuntamente ilícitos».
La tesis, en cualquier caso, se tambalea teniendo en cuenta que la investigación ha puesto de relieve que sí fueron consejeros de la Junta los que intervinieron directamente en la gestión de las ayudas y no sólo actuaron por delegación en la dirección general de Trabajo, que es donde la Junta se afana en reducir las responsabilidades.

La mayor pirueta interpretativa, en cualquier caso, la dio la «número dos» del Ejecutivo al referirse al acuerdo del TSJA que mostraba su «preocupación» ante los ataques a la juez Alaya, en clara referencia a las críticas de Griñán, el pasado jueves, cuando dijo que la magistrada «pone en los autos lo que le dice el PP». Según Moreno, el TSJA no se dirigía al presidente andaluz y a la Junta sino al PP. «Quien debería darse por aludido es el Partido Popular porque con sus trampas judiciales está continuamente instrumentalizando la causa».