Trabajo descarta más burocracia con la Ley de Economía Social

Asegura que usará recursos existentes para no generar gasto 

El Ministerio de Trabajo defiende a capa y espada la nueva Ley de Economía Social que ha elaborado. Frente a lo que pudiera desprenderse de la lectura aséptica del texto legislativo que pasó por el Consejo de Ministros el pasado 11 de junio, el departamento que dirige Celestino Corbacho rechaza que su entrada en vigor vaya a disparar la burocracia y a aumentar el gasto público en medio de la crisis, ya que, según asegura, se aprovecharán recursos y órganos administrativos existentes.

 

Como informó ayer este periódico, la norma regula la llamada «economía social» y las entidades que la integran. Sobre las mismas afirma que se caracterizan, entre otros principios rectores, por la «primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa». Entre ellas, incluye a cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y las entidades singulares creadas por normas específicas».

 

La norma tiene además el objetivo de fomentar y difundir la economía social, y obliga al Gobierno a dotar a Trabajo, «según las disponibilidades presupuestarias, de los recursos y servicios necesarios». En este sentido, contempla también la habilitación de «los créditos necesarios para el funcionamiento» del Consejo para el Fomento de la Economía Social, un órgano asesor y consultivo cuya constitución aparece recogida en la norma. Juan José Barreda, director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, aseguró ayer a LA RAZÓN que este tipo de disposiciones suelen ser habituales en muchas leyes sin que ello implique un aumento de gasto. De hecho, este alto cargo recuerda que el Consejo ya existe y se encuentra regulado por la Ley de Cooperativas, que data de 1999, aprobada en pleno Gobierno del Partido Popular.

 

Dicho órgano, según Barreda, queda desligado de la citada ley y se sitúa «donde corresponde», con la nueva norma sobre economía social. Además, no precisará de presupuesto extra ni generará más gasto: «Los consejeros no cobran, y no habrá más gasto que el del propio personal del Ministerio de Trabajo, el agua y el café de las reuniones y el desplazamiento de alguno de sus miembros».

 

Por último, aseguró que la nueva ley de economía social responde a una demanda del sector.