Operación «desokupar» Navalcarnero

MADRID- El cambio se nota. Quien pasara por allí hace menos de seis meses notaría, cuanto menos, un ambiente hostil. No era una tontería adentrarse en cualquiera de las dos parcelas que el Instituto de la Vivienda (Ivima), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, tiene en la avenida de la Dehesa de Navalcarnero. Podían llover piedras, trozos de tubería recién arrancada y, por supuesto, insultos. Los «okupas» habían hecho de la zona su territorio y cualquier persona «ajena» tenía prácticamente prohibido el paso.

Los 192 pisos distribuidos en 14 portales (siete por parcela) se entregaron en 2007 y fue entonces cuando comenzaron los problemas. Cuando fueron a mudarse, muchas familias se encontraron que su piso había sido «okupado» al poco de que les hubieran entregado las llaves y con las mismas –y con todas sus pertenencias rebosando en una furgoneta– tuvieron que darse media vuelta y quedarse sin casa. Hasta 30 pisos llegaron a estar ocupados al mismo tiempo, según el Ivima.

24 desahucios en un día
En octubre de 2010, tras varias ocupaciones y desahucios aislados y ante la problemática que surgió (a los dos días de echarlos, volvían a entrar en otra vivienda), la Comunidad tomó cartas en el asunto. Siete meses más tarde, con una resolución judicial pionera en España –se admitió la solicitud de varios desahucios con una sola demanda gracias al informe favorable de la Fiscalía– se procedió al desahucio «colectivo» de todos los «okupas». Fue el pasado 20 de mayo ante una importante presencia policial. Y, cuando parecía que el problema ya estaba solucionado, los profesionales del Ivima se llevaron una desagradable sorpresa. Los pisos ocupados se enontraban en un lamentable estado: inodoros arrancados, tabiques tirados, puertas destrozadas y zonas comunes como garajes o hasta ascensores inutilizables.

La reforma ha supuesto para las arcas de los madrileños cerca de dos millones de euros, según las mismas fuentes. Pero los «okupas» no dejaron sólo estropeadas las instalaciones. La convivencia entre los vecinos también se había deteriorado mucho. Algunos adjudicatarios legales, cansados de soportar ese ambiente, terminaron por marcharse de los bloques y a otros hasta les llegaron a ocupar la vivienda tras pasar unas horas fuera de casa. Por ello, desde el pasado octubre, el servicio Asivecam (Asistencia Vecinal de la Comunidad) –surge de la colaboración del Ivima y el Iris– se encarga de hablar con los vecinos y hacer de mediadores con los servicios sociales del Ayuntamiento de Navalcarnero, con la Policía Local o con compañias eléctricas. También se aseguran de que ningún vecino enganche la luz o provoque desperfectos. «Dejamos que los vecinos planteen lo que quieren hacer para mejorar la convivencia», explica la coordinadora de Asivecam, María José Alonso.

El mayor problema ahora, según explica su compañero, es que los vecinos «están esperando a que el Ivima les abone lo que debe a las mancomunidades en derramas y otros gastos que surgieron al principio y que tuvieron que pagar sólo entre unos pocos».

Luisa García es la administradora de las dos mancomunidades y aunque asegura que todavía quedan dos viviendas «okupadas» en el portal 4 de la segunda parcela –el mandamiento judicial aún no se ha hecho efectivo–, la convicencia entre los vecinos y el ambiente que hay ahora «no tiene nada que ver con lo que había antes».

«Como si nos tocara la lotería»
La mayoría de las nuevas familias adjudicatarias eran residentes en la localidad. El 60 por ciento de ellos son marroquíes pero también familias españolas de etnia gitana. Ahmed Youssef y Sanal Bouali son un matrimonio de origen magrebí que lleva tres meses en uno de los pisos antes «okupados». Llevan 12 años en España y ahora Ahmed está en paro. «Al principio pagábamos 420 euros de renta, pero ahora sólo 63 porque cobro el subsidio», explica.

En el mismo portal, un piso más arriba, viven Israel y Ana, un matrimonio gitano con dos niños de 13 y 10 años y su sobrina adolescente. «No me creo que por fin tenga un piso y una estabilidad», explica Ana, que mientras ofrece un auténtico «café gitano» de puchero relata de forma divertida su dramática historia hasta llegar al piso de Navalcarnero. Vivía en una furgoneta hasta que los servicios sociales le retiraron la custodia de los menores. «Decían que no los podíamos tener en esas condiciones, pero ¡qué iba a hacer yo si no teníamos dinero ni casa!». «Empezamos entonces a pagar 500 euros sólo por dos habitaciones y por fin nos llamaron para decirnos que nos daban este piso. ¡Fue como si nos hubiera tocado la lotería!».

Un conflicto enquistado
COMISIÓN ESPECIAL
Los «okupas», la mayoría procedentes del poblado chabolista de Las Mimbreras, llegaron a los pisos protegidos del Ivima de Navalcarnero en 2007. El Ayuntamiento, el Ivima y Delegación de Gobierno crearon una comisión especial para proteger los pisos, pero tras cada desahucio, los «okupas» volvían a entrar.
LA OPERACIÓN
En mayo del pasado año la Fiscalía, de forma pionera, avaló la solicitud de 24 desahucios en una sola demanda. La Policía pudo expulsar de una vez a todos los «okupas» y evitar así que volvieran a la Dehesa de Navalcarnero.