Los jueces cargan contra Igualdad por culparlos del aumento de asesinatos

MADRID- El delegado del Gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente, ante la falta de soluciones, repite en cada una de sus intervenciones que el problema del aumento de la violencia es la falta de concienciación de la sociedad y la falta de diligencia de las sedes judiciales, a las que responsabiliza directamente del escaso número de brazaletes puestos en funcionamiento.

Ante estas acusaciones, las asociaciones de jueces criticaron ayer al Ministerio de Igualdad por lanzar mensajes «confusos, por lo ambiguo, y equívocos, por lo genérico,» que ponen de manifiesto su pretensión de «cargar sobre las espaldas de los jueces españoles las consecuencias más trágicas y horrendas» de los casos de violencia de género, informa Ep.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, afirmó que cualquiera que piense con sentido común verá que, «cuando ese tipo de medidas no se adoptan, es porque a la vista de las circunstancias no resultan justificadas». Asimismo, indicó que afirmaciones como las de Lorente «no contribuyen a nada, sobre todo cuando no están respaldadas por argumentos justificativos, específicos y concretos». «Decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en alto riesgo es como decir que los jueces no están haciendo lo que deben trasladando a la opinión pública un mensaje equívoco», lamentó García, que calificó estas palabras de «demagógicas», ya que «contribuyen muy poco a reforzar la credibilidad de las instituciones». García añadió que «ponen gratuita e irresponsablemente en tela de juicio el buen hacer de los jueces».

Responsabilidad compartida
El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, apuntó que «los políticos escurren el bulto» y «acusan a los jueces, que valoran en función de informes» y, por lo tanto, «han concedido todas las pulseras GPS que se podían entregar en este momento». Así, concluyó que «si faltan más, corresponde a la Policía y a las autoridades señalar dónde esta el impacto de riesgo para que los jueces actúen».

Además, destacó que, en muchos casos, las mujeres asesinadas ni siquiera han llegado a denunciar. En este sentido, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, puntualizó que el problema que plantea la Ley «ha otorgado la misma importancia a un caso menor, como conflictos derivados del divorcio o las separaciones, que a los más graves».
Ramírez explicó que mientras los casos leves pasan a ser «los asuntos que mayoritariamente se tramitan por los juzgados», los más graves, sin denuncia interpuesta, «no se suelen investigar». Así, apostó por «no esperar a que se ponga la denuncia», debido a que «en una situación de maltrato real es difícil que la mujer salga del círculo y se atreva a denunciar».

Informe pericial en 72 horas
- Conscientes de los problemas suscitados en los juzgados ante la falta de un informe pericial para evaluar el riesgo de la víctima, el Consejo General del Poder Judicial se ha comprometido a trabajar para que los informes periciales estén disponibles en los juzgados en menos de 72 horas. La presidenta del Observatorio para la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, salió en defensa de los jueces y declaró que «sólo cuentan con el informe policial de riesgo y las declaraciones» para evaluar el riesgo real que existe. Por lo que, «si al juez le faltan elementos, no puede generalizar la imposición del brazalete», indicó. Para Montalbán, «no se trata de poner más pulseras sino de crear seguridad para la víctima».