Lo que se le niega a Gallardón

Pese al mensaje lanzado desde el Gobierno de Zapatero, de que el Ayuntamiento de Madrid no puede pedir que les saquen del hoyo económico que ellos mismos han cavado, la realidad es que la patada ha sido para todos los consistorios españoles. El alcalde de madrid, Alberto Ruiz-Gallardón llevó a Moncloa una petición respaldada por el apoyo unánime de la Ejecutiva de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) reunida el pasado 14 de septiembre, puesto que en dicho encuentro se aprobaron cuatro de las cinco peticiones que Gallardón consignó en el documento que ayer fue rechazado.

En concreto, el informe que presentó el alcalde de la capital incluía cuatro modificaciones a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año que, a su vez, se convertían en seis en cuanto a que tres afectan al mismo decreto ley aprobado en mayo que incluía, entre otras cuestiones, la bajada de sueldo a los funcionarios. Así, pedían que se eliminase de dicho decreto la famosa prohibición de refinanciar la deuda de los ayuntamientos, o lo que es lo mismo, la «cuota de la hipoteca» que hay que pagar cada año al banco. Además, pedían poder renegociar el 80 por ciento de esa cuota y aprovechar ese dinero para pagar a proveedores. Dentro del decreto también solicitaban que se quitase la obligación de que los créditos a corto plazo que pueden pedir las administraciones municipales precisamente para ir pagando a las empresas que les surten se tengan que cancelar a final de año, ya que les limitan el recurrir a ellos a los primeros seis meses.

A esto se añadía la propuesta de que los ayuntamientos puedan cubrir su déficit con deuda, esto es, el desequilibrio entre ingresos y gastos se sume a esa «hipoteca» que deben a los bancos, siempre dentro de los límites previstos por la ley. Igualmente, la siguiente petición era que también se pudiese aumentar esa deuda, un poco, para pagar a los proveedores que, en el caso de la ciudad de Madrid tienen un retraso de pago de nueve meses.

También con el mismo objetivo de que pequeñas empresas de suministros, y las grandes también, no tengan que cerrar o despedir empleados mientras esperan a cobrar de los consistorios, el documento y la FEMP pedían que se abriese la Línea de crédito del ICO que aprobó el Congreso de los Diputados y que el Gobierno de Zapatero tiene bloqueada burocráticamente pese a haberse votado a favor.

Todas estas medidas se han reivindicado desde la FEMP y, según reiteró Alberto Ruiz-Gallardón ante José Luis Rodríguez-Zapatero, «nosotros no hemos pedido para una situación distinta para Madrid que para el resto de ayuntamientos de España, así que el efecto de esta medida es idéntico para todos y, si se mantienen en los PGE, tendrá un efecto negativo para todos los ciudadanos de España».

La única petición que se salía del respaldo de la FEMP era la referida a la subrogación de la deuda de Calle 30, que es una empresa semipública, a la del Ayuntamiento de Madrid, que permitiría un ahorro de 100 millones de euros al año en seguros bancarios e IVA. Sin embargo, Zapatero no ha autorizado la propuesta, tan sólo ha señalado que será «estudiada por los técnicos del Ministerio de Hacienda». Es lo más parecido a un «sí» que pudo arrancar ayer el alcalde.