Los nuevos magistrados del TC serán designados para poco más de seis años

MADRID- Gobierno y Partido Popular no están dispuestos a que se repita una situación como la que se ha vivido en el Tribunal Constitucional, en el que cuatro de sus magistrados se encuentran «en funciones» desde diciembre de 2007, casi tres años después de que venciera el período de nueve años para el que fueron designados.
Por ello, está prácticamente cerrada un acuerdo para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el que se establece que, de existir retraso en la renovación, a los nuevos magistrados que se designen «se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación», según consta en el texto remitido por el Ejecutivo a los populares.
Mando vencido
Esto llevará como consecuencia inmediata, de salir adelante la reforma en el Parlamento, que los cuatro nuevos magistrados que debe nombrar el Senado para sustituir a quienes llevan con el mandato vencido casi tres años –María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde–, serían designados por poco más de seis años. Es decir, por el tiempo restante hasta los nueve años, que es el mandato que fija la ley para los integrantes del Alto Tribunal.
La reforma también aborda el mecanismo para cubrir las vacantes dejadas por magistrados por motivos distintos al de expiración de sus mandatos. Esto es lo que, precisamente, ha ocurrido con Roberto García-Calvo, quien falleció en mayo de 2008 y su plaza no ha sido cubierta desde entonces.
Para estos supuestos, se prevé que esas vacantes sean cubiertas «con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del magistrado que hubiese causado la vacante y por el tiempo que a éste le restase».
La reforma del Constitucional se tramitaría a través de una enmienda en una de las primeras leyes que salga del Parlamento, para que pueda estar aprobada antes de que el Senado designe a Adela Asúa, Luis Ortega, Francisco Pérez de los Cobos y Francisco José Hernando nuevos magistrados del Alto Tribunal.
Sobre esta cuestión, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló ayer que con esa reforma se evitarían solapamientos y se cumpliría el mandato constitucional de renovación por tercios, informa Efe.

ANÁLISIS
Una reforma que parece obligada
- ¿Qué justifica la reforma que intentan pactar Gobierno y PP?
 –Que no se vuelva a repetir una situación como la actual, en la que cuatro de sus magistrados se encuentran «en funciones» desde diciembre de 2007, es decir, hace casi tres años. Esta situación ha causado un daño a la imagen de la Institución que es necesario evitar en el futuro. Las renovaciones deben realizarse en los plazos correspondientes.
- ¿Qué se esgrime en el texto remitido por el Gobierno al PP?
–Que se trata de una «reforma obligada porque, de no hacerse, el actual retraso en la renovación (y cualquier otro en el futuro) produciría una vulneración insalvable de la Constitución», donde se fija que debe renovarse por tercios cada tres años.