Ruz declara secretas las grabaciones a Pamiés por la «seguridad del Estado»

MADRID.- El juez que investiga el «caso Faisán» ha declarado secretas las transcripciones de todas las conversaciones grabadas durante casi dos años al ex jefe de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, a quien el magistrado señala como el autor del «chivatazo» que alertó a ETA de una operación contra su «aparato de extorsión» en mayo de 2006. Pablo Ruz considera que las mismas pueden afectar a la «intimidad y seguridad del Estado» y, por este motivo, ha pedido a la Fiscalía que deje fuera todos aquellos «datos, informaciones o conversaciones» que afecten a la seguridad del Estado o sean «irrelevantes» para el objeto del procedimiento. Paradójicamente, hace nueve meses el magistrado hizo ese mismo encargo al jefe del equipo investigador, el comisario Carlos Germán, antes de facilitar a los abogados de Pamiés esas transcripciones.

Pero pasado ese tiempo, el informe 55/2012 remitido por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a la Audiencia Nacional con el contenido de todas esas grabaciones no ha sido convenientemente desbrozado de esos comprometedores datos, dado que Ruz encarga ahora ese mismo cometido al fiscal Carlos Bautista. En esas transcripciones figurarían, según fuentes consultadas por LA RAZÓN, las conversaciones mantenidas por Pamiés con confidentes de la lucha antiterrorista. El mando policial justificó la presencia en el bar Faisán de uno de sus subordinados, el inspector José María Ballesteros, diciendo que tenía una cita con un confidente. Ruz cree que Ballesteros fue quien acercó el móvil al dueño del local, Joseba Elosua, para que recibiera el aviso de la inminente actuación policial contra la red de extorsión de ETA, que supuestamente tenía en el bar Faisán su centro de operaciones.

La defensa de Pamiés ya reclamó sin éxito al magistrado que le dejase escuchar el contenido íntegro de las grabaciones a su cliente, pero el instructor acordó que sólo pudiese acceder al contenido previamente depurado por el equipo de Germán.

«Intimidad» del Estado
En un auto fechado el pasado viernes –el mismo día que Ruz reactivó la causa dejando en manos de la Guardia Civil la investigación del «chivatazo»–, el magistrado acuerda formar pieza separada con el informe policial y sus anexos y declarar secreto su contenido durante el plazo de un mes, a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre las conversaciones que deben ser extraídas del informe «por afectar a los derechos o valores mencionados en resoluciones precedentes –intimidad y seguridad del Estado– y por su irrelevancia para el objeto de la instrucción sumarial».
Circunstancias, añade, que aconsejarían que el acceso a las partes personadas en la causa quedase «excluido o limitado». Y es que, según fuentes conocedoras del informe policial, «en las transcripciones no hay ninguna referencia al "caso Faisán"».
En la resolución en la que acuerda el secreto parcial de las actuaciones, el instructor da un plazo de un mes a la Fiscalía para que realice un informe sobre las conversaciones telefónicas y transcripciones «respecto de las cuales interesa su separación de la causa o limitación de acceso a las partes». Del mismo modo, emplaza al Ministerio Público a que determine la procedencia o no de practicar alguna diligencia de investigación al respecto.

Falta de control
Fuentes jurídicas expresaron sus dudas sobre la validez de esas grabaciones dado que, aseguran, «si se están transcribiendo ahora es que no hubo control judicial de las mismas» (en referencia a la periódica rendición de cuentas de las Fuerzas de Seguridad al instructor en estos casos).

La intervención del teléfono móvil de Pamiés se llevó a efecto por orden judicial a partir de septiembre de 2006, tres meses después de que se produjese el «chivatazo» a ETA en los alrededores del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa). Pero el entonces jefe superior del País Vasco disponía además de dos números de teléfono fijos en su despacho que no fueron intervenidos.

La remisión del caso a Irún, en el aire
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no decidirá si vuelve a pedir que el «caso Faisán» sea remitido a los Juzgados de Irún hasta ver el resultado de las nuevas diligencias ordenadas por el juez Pablo Ruz. Así se lo ha comunicado en un escrito el fiscal Carlos Bautista al instructor de la causa, que el pasado día 8 dictó un auto en el que instó al Ministerio Público a que le plantee formalmente la petición de inhibición si sigue sosteniendo que los hechos investigados no constituyen delitos de terrorismo y, por tanto, la competencia es de los Juzgados de Irún, informa Efe. No obstante, Bautista recuerda al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia que, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el instructor puede actuar de oficio.

La lupa
El juez pisa el acelerador en su despedida del Juzgado
El juez Pablo Ruz apura sus últimas semanas al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige desde junio de 2010 en comisión de servicios. La inhabilitación de Baltasar Garzón al ser condenado por el Tribunal Supremo por las escuchas del «caso Gürtel» obliga a sacar a concurso esa plaza, a la que Ruz no puede aspirar por falta de antigüedad. El magistrado sí podría continuar en la Audiencia Nacional como refuerzo en alguna sección de la Sala de lo Penal si así lo solicitase el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, algo similar a lo que ocurrió con su compañero Fernando Grande-Marlaska tras dejar el mismo juzgado al regresar Garzón de Nueva York tras su licencia por estudios.