Guerrero: Chaves «sabía y tenía que saber cómo se trabajaba» en Empleo

Sevilla. Al tercer día, acabó la declaración en los juzgados del que fuera director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, pieza clave entre los más de cincuenta imputados que acumula el caso. Después de un maratoniano interrogatorio. Uno de los más largos hasta ahora conocidos. Ayer entró a los juzgados sobre las diez de la mañana y a las once de la noche estaba leyendo la declaración para firmarla. Al cierre de esta edición, la Fiscalía aún no se había pronunciado sobre las medidas cautelares.
El tenor de sus argumentos durante estas tres jornadas ha sido el mismo que en sus dos anteriores comparecencias ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Guerrero ha intentado despojarse de responsabilidad y ha apuntado hacia arriba. Hacia los tres consejeros que han pasado por Empleo en sus nueve años (1999-2008) al frente de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social –las referencias a José Antonio Viera fueron constantes, hasta «obsesivas», apuntó a este periódico una fuente presente en el interrogato–, e incluso hacia al ex presidente de la Junta Manuel Chaves.

La juez Alaya quiso anudar el hilván que se quedó suelto el día anterior, cuando Guerrero dijo que en la Junta le disparaban porque no es del «aparato» del partido. Le pidió la magistrada que pusiera nombres y apellidos. Y Guerrero citó a «Chaves, que dice que no me conoce de nada; a Moreno (Mar Moreno es la actual consejera de Presidencia de la Junta), que me pone a caer de un burro cada vez que puede; y a Viera, que va diciendo por ahí que soy un indeseable». Viera y Chaves «sabían y tenían que saber cómo se trabajaba allí», deslizó, recoge Ep, en referencia a la ausencia de procedimiento a la hora de otorgar el dinero para prejubilaciones y ayudas a empresas, ya que en algunos casos ni siquiera mediaba una solicitud. Hay que recordar que era ya Chaves presidente de la Junta cuando se firmó el convenio de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo –siendo responsable José Antonio Viera– y el Instituto de Fomento de Andalucía –con Antonio Fernández al frente– para vehicular el dinero opacamente y «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», según alertó la Intervención en reiteradas ocasiones. Un «modus operandi» que originó que, como también reconoció Guerrero en su declaración ante la juez, sólo los allegados a la Junta, a la Consejería y a los sindicatos pudieran tener enterarse de la existencia de estas subvenciones. La partida 31L, un «fondo de reptiles» del que han fluido oficialmente 647 millones –pueden ascender hasta los mil millones– entre 2001 y 2010, la década que investiga la juez Alaya.

Las referencias de Guerrero a Mar Moreno y a Chaves se produjeron sólo un día después de que éstos se pronunciaran públicamente. Chaves, repitiendo que «nunca» había hablado con el ex director general de Empleo; y Mar Moreno diciendo que lo que no le dijo nadie en la Junta es que metiera a su suegra, Victorina Madrid, como falsa prejubilada en un ERE. El Gobierno andaluz se apresuró a aclarar, a través de sus servicios jurídicos, que Moreno no llegó a coincidir con Guerrero y que éste no se refirió a ella como «conocedora» de lo que se hacía en la Dirección General de Trabajo. La «número dos» del Ejecutivo de José Antonio Griñán tomó posesión como consejera por primera vez a finales de abril de 2008, el mismo mes que cesó Guerrero. «No entiendo cómo pueden decir que durante los tres gobiernos del PSOE en los que yo trabajé no sabían cómo se trabajaba en la Consejería de Empleo», abundó el ex alto cargo, quien se quejó, asimismo, de que si bien a los imputados de la Junta se les otorga «la presunción de inocencia» a él se le otorga la «presunción de culpabilidad». El Gobierno andaluz –señaló– le está pagando los abogados a algunos imputados, pero no a él ni al que fuera delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, junto al que se le ha visto reunido en las últimas semanas. Hay siete altos cargos imputados en la causa, entre ellos el actual director general de Empleo, Daniel Alberto Rivera.

La juez Alaya insistió ayer preguntándole por el papel del bufete de abogados Garrigues. En el auto del 27 de enero la magistrada mandó investigar si la resolución del 3 de diciembre de 2010, firmada por Daniel Alberto Rivera, se usó para la finalidad que solicitó Acyco –el mantenimiento de 144 puestos de trabajo– o «para otra finalidad». Es decir, para una minuta que el bufete cobró por el mismo importe: 109.620 euros. Guerrero dijo que fue Garrigues quien negoció el ERE de Acyco. «Vendía el producto de que la Junta financiaba los ERE que ella negociaba». Dijo desconocer, asimismo, la inclusión de los dos intrusos porque no se leía los papeles. «No pedía las escrituras de constitución» de las sociedades.