El Círculo de Economía defiende que los empresarios promuevan las infraestructuras

El Observatorio de Infraestructuras y Medio Ambiente de la entidad económica catalana publicó el documento «Por una política de infraestructuras eficiente y posible», en el que aborda en nueve puntos aspectos actuales de la política de infraestructuras y donde propone alternativas para «orientar, agilizar y optimizar la toma de decisiones» a la hora de fijar las prioridades y el modo de financiarlas.

El Círculo de Economía da por hecho que la actual «rigidez financiera se prolongará en el tiempo», al encontrarnos ante una crisis de «ciclo largo» que restringirá en el futuro la concesión de créditos, motivo por el que cree necesario «innovar en mecanismos de gestión y financiación de las infraestructuras, dando un papel relevante a la iniciativa privada».

Avisó de que las fórmulas de financiación de las infraestructuras se deben basar en el principio de la corresponsabilidad de los ciudadanos y materializarse en sistemas de pago por uso e internalización de externalidades (costes de utilización y costes medioambientales). A este respecto, Àngel Simón, presidente de Agbar y coordinador del Observatorio, señaló que las condiciones de falta de liquidez obligarán a la participación privada en la financiación de las infraestructuras y que también habrá que «garantizar el retorno adecuado con una rentabilidad adecuada».

Pilar de Torres, asimismo coordinadora del Observatorio y presidenta de Ifercat, indicó que la utilización de estas infraestructuras implicaran el pago de peajes directos o «a la sombra» y apostó por avanzar hacia un sistema en el que los usuarios sean conscientes de cuánto valen y cuánto hay que pagar por ellas.

El documento del Círculo de Economía solicita que en la redacción de los planes se incorporen variables –presupuesto, financiación, plazos– que permitan objetivar el grado de prioridad de los proyectos de infraestructuras, de acuerdo con las evaluaciones coste-beneficio y la cuantificación del valor generado.

También incide en tener en cuenta los criterios de rentabilidad, eficiencia y corresponsabilidad social, a la hora de decidir una infraestructura.