Fernández se niega a ir a la comisión de los ERE si antes no sale de la cárcel

SEVILLa- O Antonio Fernández va desde su casa a declarar ante la comisión de investigación parlamentaria de los ERE o no acudirá. Esa es la advertencia que hizo ayer Alfonso Martínez del Hoyo, el abogado del ex consejero de Empleo. El letrado esgrime que asistir estando aún en prisión supondría un «daño irreparable» para la imagen de su defendido. La previsible escolta policial y la posibilidad de ir esposado –cuando entró en el furgón policial que lo trasladó desde los juzgados a la cárcel de Morón no le pusieron las esposas– dañaría su imagen. Entiende el abogado que esa situación ya la ha vivido y le ha causado un menoscabo de su imagen pública, tal y como ha expresado en varios de sus escritos ante los juzgados. Ahora no quiere repetir esa experiencia.

La realidad es que Fernández tiene dos semanas para reunir los 450.000 euros de su fianza. Su comparecencia está fijada para el 24 de este mes. Del Hoyo aseguró ayer a este periódico que no hay novedad. Es decir, se mantiene la cuenta abierta donde amigos, sindicalistas y simpatizantes del PSOE están realizando aportaciones en los últimos días. Pero aún está lejos del montante que le permitiría ser excarcelado.

Con la probable ausencia de Fernández la comisión parlamentaria quedaría aún más descafeinada. Uno de los principales responsables de la creación del «fondo de reptiles» –así lo entiende la juez Mercedes Alaya– no ofrecería su versión ante los diputados autonómicos.
El problema es que puede no ser el único. El ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, aún no tiene decidido si asistirá. En este caso, su representante jurídico, Fernando de Pablo emplazó ayer a este periódico a la semana que viene para cerrar una postura: «Iré a verle, intercambiaremos impresiones y tomaremos una decisión». No descartó incluso que sean «obligados» a asistir, aunque prefirió ser prudente.

Guerrero tiene cita para el 22, el segundo día de la comisión, que arranca el 21 con la presencia del ex diputado autonómico y asesor del ex director general Ramón Díaz Alcaraz. Durante la jornada inaugural también asistirán otro trabajador de la Consejería de Empleo, Antonio Diz-Lois Ruiz, y el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet.

La decisión de Fernández pilló por sorpresa al vicepresidente de la Junta y coordinador general de IU Diego Valderas, que mostró su «preocupación». Aseguró que el ex consejero «debería estar más interesado que nadie en acudir». El imputado estuvo al frente de Empleo durante siete años (2004-2011). Previamente ocupó el cargo de viceconsejero (1995-2004). Para Valderas «tiene la responsabilidad y la obligación con el pueblo andaluz de comparecer». No parece que su representante jurídico lo entienda así, que se refirió a la comisión de los ERE como «semejante circo».

Por su parte, el PP-A pidió ayer públicamente al presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IU), que hiciera «valer el papel de la comisión y el suyo como presidente articulando los mecanismos necesarios para garantizar que todas las personas que están citadas comparezcan en la Cámara Autonómica». El juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ya trasladó su autorización para que ambos comparecieran. Así se lo notificó al Parlamento de Andalucía y a las prisiones de Sevilla-1 y Morón de la Frontera (Sevilla), donde se encuentran Guerrero y Fernández. El proceso está en marcha. El artículo 502 del Código Penal hace referencia a que aquellos que no acudan a la llamada de una comisión de investigación de las Cortes o de una Asamblea podrían incurrir «en un delito de desobediencia». En Valencia, en la comisión sobre la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se apercibió a varios altos cargos que declinaron la invitación.

El caso de Fernández, al estar privado de libertad, es distinto al valenciano. El portavoz del PP-A Carlos Rojas insistió en un comunicado que «es fundamental que todo el que ha intervenido manifieste su versión de los hechos». El papel del ex consejero es básico para «saber quién, cómo, y con qué grado de responsabilidad se tomaron las decisiones que derivaron en el mayor escándalo de la historia de la democracia en Andalucía», aseguran los populares.

Prejubilados protestan por los impagos y los «capotazos» de la Junta
Varios centenares de trabajadores prejubilados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se concentraron ayer de nuevo ante sedes de la Junta de Andalucía de varias provincias para exigir una solución para desbloquear el cobro de sus rentas y de sus pólizas y en protesta por el «silencio administrativo» del Gobierno andaluz. Según indicaron a Europa Press fuentes sindicales, las concentraciones tuvieron lugar ante sedes de las delegaciones de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en las provincias de Sevilla y Cádiz, mientras que en Jaén y Huelva se celebraron asambleas informativas. Las fuentes apuntaron que estas nuevas acciones tienen lugar «después de que la Junta no haya cumplido su palabra de que en 48 horas pagarían lo atrasado y que en 48 horas estarían desbloqueados los pagos tanto de Santana como Delphi». Lamentan que la Junta «se limita a darnos capotazos» y explicaron que en una reunión mantenida ayer en Sevilla, «la Junta nos reafirma que en estos momentos se está negociando con Generali una solución pero a la aseguradora les parece insuficiente».