El PP ve amenazado su plan de déficit territorial

Madrid- El Gobierno tiene elaborada desde hace semanas su hoja de ruta postelectoral en clave territorial para conseguir que España se ajuste al 5,3 por ciento de déficit finalmente impuesto por Bruselas para este ejercicio. En ella ha trabajado con discreción y eso que en algunos casos ha habido una intensa participación de consejeros autonómicos, como lo confirman las reuniones que se han celebrado en el Ministerio de Sanidad.

El resultado en Andalucía no es un veto de esa hoja de ruta, pero sí es un obstáculo a considerar. El plan inicial del Gobierno prevé, por ejemplo, la activación formal de manera inmediata de un grupo de trabajo entre comunidades autónomas, como quedó pendiente en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de esta Legislatura, o un gran acuerdo nacional sobre las reformas estructurales del gasto público en los grandes capítulos sociales.

Por supuesto que esta agenda contaba con una mayoría absoluta en Andalucía y con un gobierno histórico en la Junta que habría facilitado la unanimidad en la adopción de las decisiones que el Gobierno entiende que son «imprescindibles» para garantizar a día de hoy la viabilidad del actual Estado del Bienestar.

El objetivo era escenificar un pacto histórico entre los presidentes autonómicos para cambiar el modelo. Un pacto que inevitablemente –explican– tendrá que afectar al modelo sanitario, educativo o funcionarial. Y ante esta realidad, aunque hoy siguen siendo mayoría los barones del PP, esa mayoría ya no es tan absoluta como la que el PP sentía tener tras las pasadas elecciones generales.

Nadie duda de que Andalucía, bajo la bandera de la suma de la izquierda, «remará en contra», advierten en el equipo económico del Gobierno. Como, de hecho, ya lo hizo en el anterior CPFF, cuando rechazó el objetivo de déficit para las comunidades autónomas fijado por el Ejecutivo. Pero, además, los planes del Gobierno también tendrán que aguantar la tensión que llegue de Cataluña –con una deriva soberanista de CiU que Moncloa observa con prudente preocupación–, y la que irá en aumento en un País Vasco ya bajo la presión de las urnas. En este último caso, las elecciones autonómicas, que tocan en marzo de 2013, son vistas desde Madrid con una creciente preocupación que no repara en revestirse de prudencia como en el caso catalán. «Al final, en una situación de urgencia sin precedentes, y donde no hay alternativa a ajustarse al objetivo de déficit impuesto por Bruselas, la realidad es que seguimos teniendo fuera de control a las grandes comunidades históricas», analizan en el Gobierno. Un panorama delicado, que se agrava si se tiene en cuenta la difícil situación que atraviesan otros feudos gobernados por el PP, como Castilla-La Mancha o Valencia.

Además, en el PP han empezado a mirar hacia Extremadura preguntándose cómo blindar su Gobierno y conjurar la amenaza desestabilizadora que representa una alianza de la izquierda.

Sánchez-Camacho amenaza a Mas con retirar su apoyo
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, amenaza con retirar el apoyo de los populares al Gobierno de Artur Mas si el Ejecutivo catalán asume los postulados independentistas formulados en el congreso de CDC. «Si la hoja de ruta del Gobierno es la de la "estelada", el PP no estará a su lado, estará en frente», afirmó en rueda de prensa, donde avanzó que los populares abrirán un periodo de reflexión sobre sus relaciones con los nacionalistas tras el cónclave de CDC, en el que por primera vez se introdujo la consecución de un Estado propio para Cataluña entre los objetivos del partido. Camacho reclamó una reunión con Mas para que le aclare si la acción de su Ejecutivo se verá alterada tras el congreso de este fin de semana.