Al menos siete familias pierden su casa al día por no poder pagar su hipoteca

VALLADOLID/ZAMORA- Se levantan todos los días con la realidad de que algo ha cambiado en muy poco tiempo. La felicidad de comprar un piso dio paso a la oscuridad en la que se ha convertido su existencia desde el momento en el que perdieron su casa por no poder pagar la hipoteca, cuando la crisis irrumpió en sus vidas. Así ocurre cada día con siete familias en Castilla y León, un ritmo que de continuar contribuiría a superar las 2.293 ejecuciones de 2011.
Dos de ellos son Julio García y Sara Pérez. Estos vallisoletanos se casaron hace tres años y decidieron adquirir una vivienda en La Flecha, para lo que solicitaron un préstamo algo superior a los 100.000 euros, por el que debían hacer frente a una cuota mensual de unos 580 euros. Pero la situación se complicó y no pudieron pagar durante varias mensualidades, por lo que la entidad prestamista, Caja Madrid, les informó del desahucio, que se ejecutó hace casi un año: «Sólo queremos que nos dejen en paz. Que se queden con la casa, pero que no nos persigan ni amenacen». Por eso, consideraron que lo más oportuno era optar por un alquiler, el cual ahora tampoco pueden hacer efectivo por falta de liquidez, aunque les gustaría negociar una unificación de la deuda que mantienen con Provilsa (empresa pública de alquiler de la Junta), que supera los 3.000 euros, con otras que han acumulado en estos años. Entre lágrimas y con voz entrecortada, Sara sostiene que su vida se ha convertido en una búsqueda continua de oportunidades. En este año no ha cejado en la lucha. No se quieren quedar en la calle cuando no tengan dinero para afrontar el alquiler. La dureza de este último año se observa en sus caras, desgastadas tras ir de un lugar para otro en una disputa por no ser unos ‘sin techo'. Su llamada desesperada a la dación en pago pretende evitar la reclamación de una parte importante de los más de 100.000 euros que la entidad prestó, una vez que ya se han quedado con el inmueble. Solo demandan que se les escuche. Solo tienen una esperanza, fomentada gracias al Movimiento 15M de Valladolid, en el que han confiado.

Estos vallisoletanos forman parte de un desafortunado elenco de deudores de Castilla y León forzados a abandonar su morada. En las mismas se encuentra María Pérez, de Zamora. Se quedó embarazada en 2008 y, poco después, en paro. La situación se agrava cuando, medio año después, su marido también pierde el trabajo. María y su marido conformaban una pareja como cualquier otra, con la salvedad de que sus ingresos llegaron a ser más que considerables con sus respectivos sueldos en el sector de la construcción y como comercial. Ese nivel de ingresos no hacía presagiar que las cosas llegaran a empeorar tanto y lo que explica que optaran por meterse en una hipoteca a 30 años que podían hacer frente con holgura de un piso en el centro de Zamora. «Mi marido se quedó sin empleo, debiéndole 5.000 euros la empresa para la que trabajaba y ahí empezó el problema», explica. «Empezamos pagando 607 euros al mes pero, como el Euribor fue subiendo, llegamos a pagar 800 euros y ya no podíamos, porque recibíamos unos 950 del paro. En la actualidad, esta joven de apenas 30 años y su hija viven, «gracias a Dios porque, si no, estaríamos en la calle», en una propiedad de sus padres mientras esperan que la situación se aclare.

Acoso bancario
No es muy diferente el escenario narrado por la vallisoletana María Jesús Carrera. En la última década ha pasado de tener una vida casi envidiable a sufrir ahora el acoso bancario. Cuando trabajaba como comercial inmobiliaria durante la burbuja del sector, su sueldo era alto, como ella misma reconoce. Por eso, adquirió un piso en el barrio de Las Delicias, tasado en 200.000 euros, por lo que contrató una hipoteca con Banesto, que más tarde refinanció más barata con la UCI, del Santander, por valor de 180.000. Y de golpe, la burbuja estalló, se quedó sin su empleo, vinculado de forma sarcástica al sector de la vivienda, y se vio incapaz de pagar las cuotas. «Les dije que no podía pagar porque por la crisis inmobiliaria empecé a cobrar 700 euros y la letra era de 726, y me dijeron que no me preocupara, que llevara lo que fuera teniendo. Les llevaba mil euros una vez, 500 otra…, y todo eso ahora no consta en ningún lugar», lamenta visiblemente emocionada, mientras uno de sus hijos, de no más de dos años, juguetea a su alrededor. En diciembre de 2009 la entidad la obligó a abandonar su casa. Tras entregar su vivienda y haber pagado ya durante un tiempo, refinanció la deuda, que se estableció en 50.000 euros, a pagar hasta 2030. Aún así y teniendo en cuenta que ahora no trabaja, la ayuda social es de 400 euros, frente a los 344 de la cuota, con lo que el resto, «es lo que nos queda para vivir». Pide un trabajo «casi en lo que sea», pero, mientras tanto, no para estar activa y está apuntada como voluntaria en la Cruz Roja.